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LIX
Legislatura: Puntos de acuerdo
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A
QUE, EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE MÉXICO
HA SIGNADO, SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE UNA REVISIÓN
INTEGRAL DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS
CON EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO
PRESENTADO POR: Diputada Martha Lucía
Mícher Camarena
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido de la Revolución
Democrática
PRESENTACIÓN AL PLENO: 02/10/2003
TURNO: Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores
y de Justicia y Derechos Humanos
GACETA PARLAMENTARIA: NO. 1344 03/10/2003
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO
Con el fin de justificar una revisión integral de los
ordenamientos jurídicos relacionados con la interrupción
del embarazo, la diputada Martha Lucía Mícher
Camarena subraya el hecho de que el aborto es una realidad
en México, a pesar de su carácter ilegal. Además,
el aborto clandestino, realizado en condiciones inseguras,
es una de las principales causas de muerta materna y por eso
constituya un problema de salud pública. Por otra parte,
considera la diputada que mientras México ha signado
documentos reconociendo el problema del aborto inseguro, esto
no ha sido suficiente para mejorar la situación en
el país. México, como los demás países
en desarrollo, sufre particularmente de las condiciones del
aborto ilegal, puesto que están vinculadas con la degradación
de la protección de los DESC en esos países.
Por todas estas razones, según la diputada Martha Lucía
Mícher Camarena, la penalización del aborto
atenta contra el goce de numerosos derechos humanos y ciudadanos
de las mujeres.
Por tanto, el punto de acuerdo propone una revisión
integral de los ordenamientos jurídicos correspondientes
en relación con el derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo, la revisión integral de las leyes
estatales para asegurar una vida digna a las mujeres y la
iniciación de un diálogo con el fin de lograr
la despenalización del aborto.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada año ocurren en el mundo cerca de 75 millones de
gestaciones indeseadas o inoportunas. También, la OMS
estima que de las 600,000 muertes maternas que se registran
cada año a escala global, al menos 13 por ciento resulta
de abortos inseguros.
Según datos proporcionados por el Instituto Alan Guttmatcher,
la OMS, el Fondo de Población de Naciones Unidas y
el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), la cifra anual de abortos practicados en Brasil, Colombia,
Perú, República Dominicana y México asciende
a 2.8 millones; y en toda la región latinoamericana
y caribeña, a más de 4 millones.
En América Latina y el Caribe, se calcula que, de los
cerca de 4 millones de abortos anuales, se registran 6,000
muertes. La proporción de mortalidad materna representa
21 por ciento. El aborto inducido figura como una de las principales
causas de muerte materna: ocupa el primer lugar en Argentina,
Paraguay y Chile; el segundo en Colombia y Perú; el
tercero en Brasil, Panamá y México.
Datos del GIRE refieren que cada año tienen lugar en
México entre 102 mil y 533 mil 100 abortos inducidos.
El Consejo Nacional de Población estima que en 2000
se realizaron en México 200,000 abortos. Cifras oficiales
indican que 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva
ha vivido la experiencia del aborto.
El punto de acuerdo se refiere al documento intergubernamental
de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
realizada en El Cairo en 1994, al documento firmado en la
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, al texto
aprobado en la revisión de la Conferencia de El Cairo
en 1999 y al documento final de Beijing en 2000, cuales todos
fueron signados por México.
Menciona esos textos porque los dos primeros reconocen el
aborto inseguro como un problema de salud pública.
Además, los documentos de Beijing incorporan la recomendación
de que los países revisasen las leyes que penalizan
a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales. Por fin,
los dos últimos textos insisten sobre la necesidad
del entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres
que desean abortar.
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