En contexto de crisis y año electoral, la cámara de Diputados aprobó un incremento del 6.98% en el presupuesto 2009 sin acompañarlo de mecanismos de control y transparencia. Ampliación de 19,200 millones de pesos para carreteras durante 2009 a pesar de un subejercicio del 74 por ciento del presupuesto destinado a la infraestructura en Caminos y Puentes Federales en lo que va del año. Legislativo recorta 14.5 por ciento los recursos destinados a la Auditoria Superior de la Federación.
En Oaxaca, Chiapas y Guerrero más de 50 por ciento de las familias continúan sin cobertura social. La infraestructura en salud y los recursos humanos son insuficientes para atender de manera adecuada a los afiliados al Seguro Popular
70 por ciento de los recursos del Fideicomiso de protección social en salud no fue invertido en infraestructura médica como lo habían aprobado los legisladores. Deficiencias en el gasto en infraestructura sanitaria afectan a zonas de mayor marginación.
A pesar de incorporar nuevos requerimientos de información, la Ley de Ingresos aprobada la semana pasada carece de explicaciones suficientes para valorar el impacto de cambios proyecciones ocasionados por la crisis financiera. Legisladores deben seguir exigiendo información desagregada y oportuna de las variaciones en la Ley y las previsiones del Ejecutivo, para tomar decisiones con pleno conocimiento de causa sobre el impacto de medidas como el registro de la deuda de PEMEX sobre las finanzas públicas. Indispensable hacer públicas bases de cálculo, incluyendo gastos fiscales, y adoptar un marco presupuestario de mediano plazo que permita valorar el impacto de las fluctuaciones del ciclo económico sobre finanzas, programas y políticas públicas.
Asumir oficialmente como deuda pública los pagos asociados a PIDIREGAS implica un cambio radical respecto del régimen anterior que requiere explicaciones precisas. Sujetar el programa para impulsar el crecimiento y el empleo a la aprobación de la Reforma Energética socava el poder de contrapeso del Legislativo y limita su alcance.
Las Comisiones tienen la responsabilidad de controlar y ser contrapeso al Ejecutivo y organismos autónomos. El trabajo técnico y especializado de evaluación y control de la política pública es limitado.
