México ante el Examen Periódico Universal

por Humberto Guerrero [1]

Entre 2005 y 2007, debido a las frecuentes críticas sobre el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los Estados integrantes de este organismo internacional decidieron crear un nuevo órgano que sustituye a la antigua Comisión: el Consejo de Derechos Humanos (CDH o Consejo). Este nuevo órgano ha sido creado directamente por la Asamblea General de la ONU,[2] a diferencia de la Comisión, que dependía del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Con este cambio se pretenden superar las deficiencias de la Comisión, como la idea de que la emisión y contenido de las resoluciones de la antigua Comisión sobre la situación de derechos humanos en un determinado país, se encontraban políticamente motivadas y en consecuencia carecían de objetividad.

Para evitar las objeciones sobre motivaciones políticas en las resoluciones, se decidió crear un nuevo mecanismo donde todos los países integrantes de la ONU fueran evaluados por los Estados miembros del CDH, elegidos sobre la base del principio de representatividad geográfica y cultural, y cuya actuación se rigiese por los principios de objetividad y cooperación. Así, a través de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos se estableció y aprobó el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), el cual se constituye como la principal herramienta del nuevo Consejo para vigilar y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Esta evaluación se basa en la información aportada por el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros actores interesados, donde se incluyen las organizaciones de la sociedad civil. El resultado final del EPU es un informe con conclusiones y recomendaciones, éstas pueden abarcar o referirse a cualquier obligación que el Estado haya asumido en materia de derechos humanos.

En 2008 se aplicó por primera vez el EPU y, ahora, en febrero de 2009 le ha llegado su turno al Estado mexicano de someterse a esta evaluación. En este contexto y en vista de la oportunidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan manifestar su postura sobre la situación de derechos humanos en el país, un conjunto de organizaciones mexicanas iniciamos un proceso de reflexión y definición de la problemática actual en materia de derechos humanos en el país. En este proceso colectivo participaron más de 50 organizaciones y redes nacionales y casi una decena de organizaciones internacionales, todas con una amplia experiencia y profesionalismo en la defensa y promoción de los derechos humanos.[3]

Como resultado de este proceso de reflexión, las organizaciones realizamos varios informes sobre temáticas diversas,[4] desde las más generales como los derechos civiles y políticos, los sociales, económicos, culturales y ambientales; hasta las más específicas relacionadas con la coyuntura política y social actual, la política de seguridad pública, las reformas constitucionales en materia penal, la violencia contra las mujeres o la impunidad en los crímenes del pasado, entre otras.

No obstante la diversidad temática, las organizaciones en conjunto coincidimos en que a pesar del gran número de tratados internacionales ratificados, la vigencia y el respeto pleno de los derechos humanos es aún una realidad muy lejana. Lo anterior obedece en gran parte a problemas estructurales y transversales identificados por las organizaciones, de los cuales hemos destacado:

•  La falta de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos,

•  La impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos,

•  La falta de armonización de la legislación nacional, incluyendo la Constitución , con las obligaciones internacionales asumidas, y

•  La criminalización de la protesta social.

 

Los cuestionamientos planteados desde la sociedad civil contrastan con la postura esencialmente formalista del Estado mexicano al momento de presentar su informe escrito ante el CDH. En dicho informe el gobierno destaca principalmente acciones y avances como la emisión de leyes y la creación de nuevas instituciones, las cuales si bien son importantes, por si mismas carecen de contenido y no representan modificaciones sustanciales en la situación de los derechos humanos en el país. Las cuestiones sustanciales sobre el cómo operan o cuáles son los resultados obtenidos en la práctica por las leyes e instituciones creadas no son abordadas en el informe del gobierno o lo hacen de manera tangencial. Esto puede apreciarse en la comparecencia ante el CDH del Secretario de Gobernación, donde la situación no ha sido muy distinta y nuevamente predominan los discursos e intervenciones que destacan las virtudes de leyes o las funciones de instituciones, mientras se trata de evadir los cuestionamientos sustantivos con el reconocimiento de "rezagos y desafíos".[5]

Este es, pues, el panorama de México ante el EPU. Horas antes de empezar a escribir las líneas finales de este artículo, se ha emitido el proyecto de informe final sobre la evaluación de México, elaborado por un grupo de trabajo integrado por tres países: Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán. El resultado hasta el momento es de 91 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, de las cuales ha aceptado 83 y 8 se ha reservado para dar una respuesta posterior al momento de la adopción del informe final. Curiosamente, las recomendaciones que el Estado ha decidido reservarse están relacionadas con los problemas sustanciales y transversales identificados por las organizaciones en sus reflexiones e informes.

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NOTA: El contenido de este arículo es responsabilidad del autor. Pretende ser un espacio plural de las expresiones de la sociedad civil.

1 Director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos / denuncia@cmdpdh.org / A nombre del grupo de organizaciones que participaron en el EPU.

2 A/RES/60/251.

3 Para acceder al listado de las organizaciones consúltese http:// www.cencos.org /es/EPU.

4 Ídem.

5 Véase, Conclusiones del Secretario de Gobernación, Sr. Fernando Gómez-Mont Ureta, al finalizar los diálogos interactivos de la presentación del informe de México ante el Grupo de Trabajo del Mecanismo del Examen Periódico Universal 4º período de sesiones.