Índice de Presupuesto Abierto 2008: resultados para México y sus implicaciones para el Poder Legislativo

por José María Marín [1]

En México y en todo el mundo, hay cada día más ciudadanos y ciudadanas conscientes de que el erario nacional es patrimonio suyo y, por tanto, el presupuesto debe reflejar sus prioridades y ser transparente. Bajo esta premisa, cualquier persona podría, si lo desease, obtener información presupuestaria oportuna, veraz y accesible. Adicionalmente, las y los representantes de la ciudadanía, es decir, las y los legisladores, también deberían contar con información exhaustiva proveniente de los documentos presupuestarios, para poder ejercer su mandato de contrapeso ante el Ejecutivo y asegurarse que las prioridades de sus representados y representadas se vean reflejadas en el presupuesto.

Actualmente estas dos condiciones no se cumplen, pues aún existe un rezago latente en materia de transparencia presupuestaria en México que impide, por un lado, que la ciudadanía vigile y conozca detalladamente la manera en cómo se recauda y gasta su patrimonio; y por otro, las y los legisladores cuentan con información poco sustantiva para hacer más determinante su labor durante el proceso de negociación presupuestaria.

Por estas razones, el International Budget Partnership,[2] en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y academia, se dio a la tarea de evaluar el acceso y la cantidad de información presupuestaria en 85 países. Este ejercicio utiliza como instrumento de medición el cuestionario de presupuesto abierto -aplicado a especialistas con evaluación independiente- que mide la cantidad y oportunidad de la información, las posibilidades de participar e incidir durante el ciclo, y permite obtener una perspectiva general del proceso presupuestario. México recibió una calificación de 54 puntos en este estudio y ocupa el lugar 28 de los 85 países participantes,[3] lo cual significa que la información presupuestaria disponible no es exhaustiva y es de poca calidad.

Del estudio (presentado el 2 de febrero de 2009) se desprende la necesidad de aumentar información presupuestaria detallada, es decir, información que va más allá de los montos agregados, tanto en la Ley de Ingresos como en la de Egresos. Por dar unos ejemplos, las y los legisladores no cuentan con la siguiente información, necesaria para tomar decisiones informadas:

•  La base gravable, la distribución y el impacto fiscal de los gravámenes más importantes en la economía, y por sector de población;

•  Montos y composición de la deuda total contraída y tendencias en el corto y mediano plazo;

•  Montos y tendencias de todos los fideicomisos constituidos con recursos públicos, sin excepción; e,

•  Información exhaustiva y útil que permita la evaluación de desempeño del gasto.

Cabe aclarar que este estudio se basa solamente en la información contenida en los documentos presupuestarios disponibles. Esto obliga al gobierno a ser más cuidadoso y exacto en sus estimaciones y asignaciones, aumentando de esta manera la eficiencia del gasto y disminuyendo la discrecionalidad.

Para aterrizar este estudio un poco más, se presenta como ejemplo el caso de los gastos fiscales. Recordemos que esta información no se presenta junto con el proyecto de presupuesto ni es aprobada por nadie.[4] Tampoco se le presenta a la Cámara de Diputados la información necesaria para que ésta realice sus propios cálculos y corrobore la información provista por el Ejecutivo. A pesar de estas ausencias, las y los legisladores terminan aprobando el proyecto de presupuesto sin tener información exhaustiva sobre cómo se calculó el gasto fiscal que llegó a estimarse en aproximadamente 770 mil millones de pesos para 2008.[5]

Aunque el Índice de Presupuesto Abierto se basa en su mayoría en información provista por el Ejecutivo, también indaga acerca de las prácticas que involucran al Legislativo en materia presupuestaria. Desafortunadamente, el estudio encuentra que la Cámara de Diputados también tendría que colaborar en hacer el proceso presupuestario más transparente y participativo. Por ejemplo, realizando más audiencias públicas y con más sectores de la población durante la aprobación del presupuesto y transparentando este proceso de principio a fin.

Aunque la calificación de México en este estudio fue reprobatoria, también hay algunos cambios positivos. Ejemplo de ello es el Capítulo IV de la Ley de Ingresos, donde los requerimientos de información detallada son cada vez mayores; sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes.

En términos generales, México -como ya se mencionó- ocupa el lugar 28 y obtiene apenas la mitad de los puntos de la escala, principalmente porque la información de los presupuestos públicos es poco exhaustiva, específicamente la propuesta de presupuesto. Es por esto que la Cámara de Diputados debe exigir más información al Ejecutivo, no sólo para ejercer de mejor manera su papel de contrapeso, sino para proveer a la ciudadanía información que, al igual que el erario nacional, le pertenece.

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1 Investigador del área de Presupuesto y Política P ública de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. / jose@fundar.org.mx

2 El International Budget Partnership es una organización de la sociedad civil basada en Washington DC, abocada a la promoción del análisis presupuestario alrededor del mundo.

3 Los países que obtienen las mejores clasificaciones son: Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

4 El Ejecutivo sólo tiene que presentar al Legislativo el presupuesto de gastos fiscales, en el mes de abril. Ver el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación 2009.

5 Presupuesto de Gastos Fiscales 2008.