Y la reforma en derechos humanos ¿para cuándo?

por Marcia Itzel Checa Gutiérrez [1]

Un Estado democrático de derecho descansa y se legitima siempre y cuando reconozca, respete y proteja los derechos humanos. En este sentido, los órganos legislativos, en la medida en la que emitan normas jurídicas que los protejan, desempeñan un papel fundamental en la ampliación de un consenso político, y jurídicamente vinculante sobre el alcance de los derechos humanos. Los partidos políticos representados en el Congreso los han incluido, aunque con diferentes matices, como parte de sus agendas legislativas; discursivamente refrendan su compromiso con el tema, pero poco han hecho para que nuestro marco legal avance en este sentido.

Este artículo tiene como objetivo dar cuenta de las vicisitudes enfrentadas por la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el Congreso de la Unión. Este balance se hace con miras al 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Examen Periódico Universal del Estado mexicano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2009.

El 15 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura y, con ello, se interrumpe una vez más el trabajo en reformas sustantivas como sucede con el caso de los derechos humanos.

Intentos por lograr una reforma constitucional en materia de derechos humanos, han habido muchos, de hecho algunos datan de la administración encabezada por Vicente Fox, aunque posteriormente se han dado cita algunos más, ninguno de ellos con éxito. Quiero referirme de forma particular al último.

Al inicio de esta Legislatura, la oficina en México del Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) firmó un convenio de colaboración con el Congreso, con la finalidad de asesorar reformas en materia de derechos humanos, especialmente la constitucional. Se llevaron a cabo reuniones con el cuerpo técnico de estas dos Comisiones, pocas de ellas contaron con la participación de las y los legisladores, y paulatinamente el interés se fue perdiendo. Paralelamente, el ACNUDH acompañó a un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como académicas y académicos especialistas en el tema, en la elaboración de una propuesta de reforma constitucional, quienes a su vez la presentaron a las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso, el 17 octubre de 2007.

Esta propuesta es un documento consensuado, plural e incluyente, resultado del trabajo conjunto realizado durante más de seis meses por académicos y académicas y representantes de organizaciones vinculadas al movimiento de los derechos humanos. Aborda un conjunto de temas, a través de los cuales se introduce de manera integral el concepto de derechos humanos en la Constitución se garantiza la jerarquía de los tratados internacionales, se refuerzan los mecanismos y garantías para la protección de los derechos y se incorporan derechos hasta ahora no reconocidos, como el derecho al agua o a un nivel de vida adecuado; además de contemplar derechos que podrían mejorar las condiciones de sectores específicos de la sociedad como pueblos indígenas, migrantes o mujeres.

Adicionalmente, el grupo redactor de la propuesta participó y dio seguimiento a los trabajos de la Reforma del Estado, agrupados en cinco grupos: federalismo, régimen de gobierno, democracia electoral, Poder Judicial y garantías sociales. Pero fueron pocos los acuerdos logrados, muestra de ello es que dentro del Grupo de Garantías Sociales, donde se discutió el tema de derechos humanos, sólo el tema de educación alcanzó la unanimidad de los diferentes Grupos Parlamentarios. De un total de 93 puntos, cuatro puntos tuvieron el consenso del PAN y del PRI; y el resto se agrupó en siete iniciativas generales para suscripción abierta de los diferentes partidos políticos. Posteriormente, estas iniciativas fueron turnadas para su dictaminación a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y para ello se formó un Subgrupo de análisis sobre la iniciativa que reforma y adiciona los artículos constitucionales 1, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 29, 33, 102, 103 y 109, núcleo medular de una reforma en la materia, pues fortalece normativamente los derechos humanos en la Carta Magna.

A pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales realizó un predictamen con los puntos centrales de las iniciativas presentadas por los diferentes partidos políticos y la sociedad civil, parece que la discusión ha sido postergada sin que se conozcan los argumentos para ello.

Lo anterior es importante, pues en esta semana se define definitivamente el rumbo de la posible reforma, sabremos si los acuerdos necesarios se lograron o si tendría que esperar una vez más por falta de voluntad política. Situación “sorprendente”, pues el tema de derechos humanos ha sido incorporado, en mayor o menor medida, en las agendas legislativas de los partidos, e incluso todos los institutos políticos han presentado iniciativas en la materia. Sólo un ejemplo de ello es la presentada por el Senador Santiago Creel, que fue signada por todos los coordinadores parlamentarios, con excepción del PT. Mínimas, ciertamente, pero en conjunto aportan elementos fundamentales para construir una reforma integral.

Una serie de factores y ausencias deja a la sociedad mexicana en una situación vulnerable ante las constantes transgresiones por parte de agentes del Estado en los tres órdenes de gobierno y el contexto de inseguridad que se vive: es conveniente mencionar, por ejemplo, la ausencia de una terminología adecuada en la Constitución, es decir, la homologación de las garantías con los derechos; o la ausencia de la responsabilidad explícita por parte del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos, así como de mecanismos eficientes para proteger y hacer justiciables estos derechos.

Esta situación produce una serie de interrogantes: ¿cuáles son las razones para postergar una reforma tan fundamental?, ¿si se han logrado otras, para cuándo la de derechos humanos?, ¿acaso nuestras legisladoras y legisladores entienden las reformas en materia de justicia y seguridad recién aprobadas disociadas del respeto de los derechos humanos?, ¿qué falta para considerar prioritario el tema?, ¿por qué tanto el Ejecutivo como el Legislativo huyen a su responsabilidad de colocar este tema en el centro de la agenda legislativa?.

Las organizaciones que hemos trabajado en este proceso, esperamos respuestas a estas interrogantes, y del Congreso un compromiso contundente con los derechos humanos en nuestro país. En las condiciones actuales quedan en deuda con sus representadas y representados.

________________________________________________________________________________________________________

1 Investigadora del proyecto Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Da seguimiento a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República / itzel@fundar.org.mx