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Subejercicios y fideicomisos: retos para la LXI Legislatura
En la lógica del ciclo presupuestario −y con arreglo a la normatividad− las funciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo se embonan en una suerte de controles y contrapesos para garantizar que el uso de los recursos públicos sea acorde con las necesidades de la sociedad y en un ejercicio transparente. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga una serie de facultades a las y los legisladores para que, en diversos momentos, puedan conocer detalladamente la lógica del gasto público posibilitando su participación y su vigilancia. Lamentablemente, en el día a día, las y los diputados no ejercen una función de control y contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, lo cual puede observarse en la pasividad de las comisiones ordinarias a lo largo del año frente a la forma en que el Ejecutivo conduce el ejercicio del gasto. Específicamente, un tema de especial preocupación en torno al gasto público es el subejercicio del mismo durante el año fiscal para el que fue aprobado. Es reiterativo que el Ejecutivo reduzca algunos rubros y además no los ejerza completos. Lo alarmante es que los renglones de gasto que recurrentemente no se ejercen están orientados a programas e inversiones de bienes y servicios que favorecen a la población más vulnerada, como es el caso de la salud de la población sin acceso a la seguridad social. De acuerdo con la evidencia, el presupuesto para impulsar la deteriorada infraestructura sanitaria orientada a la población abierta, consistentemente es subejercido. Durante 2008, solamente se transfirió[2] a los estados el 10% del presupuesto originalmente asignado al Fondo de Previsión Presupuestaria (FPP), manejado a través del Fideicomiso de Protección Social en Salud, destinado a inversiones en infraestructura en regiones de alta marginación. Así, año con año desde su creación en 2004, el FPP ejerce únicamente una fracción de los recursos asignados. Por donde se mire esta cuestión, la administración del Fideicomiso muestra deficiencias que atentan contra el derecho a la salud de la población marginada en tanto no se emplea en el mejoramiento de la disponibilidad de servicios sanitarios a través de la construcción y mejora de los establecimientos médicos. Pero, además, pone en evidencia que la administración de los recursos públicos a través de la figura del Fideicomiso aumenta la discrecionalidad de las dependencias responsables del gasto y reduce las posibilidades de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la sociedad en general. Sin contrapesos efectivos, la discrecionalidad con que la actual administración maneja el gasto ha ido en aumento, esta circunstancia es patente si se analiza el gasto público y los subejercicios anuales. Las y los diputados tienen potestades para llamar a cuentas al Ejecutivo y corregir las recurrentes anomalías presupuestarias, sin embargo, no es frecuente que hagan uso de ellas. Por su parte, la Auditoría Superior ha llamado la atención sobre el tema de los Fideicomisos, identificándolos como un área de opacidad y riesgo que debiera ser atendida con urgencia:
En el ámbito del ejercicio del gasto, las y los diputados de la LXI Legislatura tienen mucho qué hacer. Una tarea pendiente es corregir la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos vía la figura del Fideicomiso. Asimismo, la recurrencia de los subejercicios constituye otro reto que deberá enfrentar. Específicamente deben llamar a cuentas a las y los funcionarios responsables del ejercicio de los recursos del Fideicomiso de Protección Social en Salud destinados a ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria del país: los responsables de los despachos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Banobras, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Salud, todos ellos vinculados con el ejercicio del gasto del FPP. Finalmente, en el ámbito de la estrategia contracíclica del gobierno, las y los nuevos legisladores tienen el reto de lograr que las importantes sumas del presupuesto que fueron aprobadas para infraestructura carretera sean efectivamente ejercidas.
__________________________________________________________________________________________________________ 1 Investigadora del área de presupuesto y política publica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. / briseida@fundar.org.mx |
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