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Acceso a las "boletas electorales"
Por una parte, vuelve el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como la fuerza política dominante en la Cámara de Diputados para representar junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la mayoría absoluta en dicho órgano. Por otra parte, un desencanto con los partidos y las instituciones se expresa en una participación electoral de menos de la mitad de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral y el crecimiento de los sufragios nulos y de la votación por candidaturas no registradas respecto de las elecciones intermedias de 2003[3]. Dichos resultados relativizan el significado de “la victoria” obtenida por los partidos políticos en esta ocasión y demuestran la creciente fuerza civil crítica a nuestro actual sistema de partidos. Pero también hacen revivir un tema de fundamental importancia en el que hemos venido insistiendo desde las elecciones de 2006: el acceso a las boletas electorales. A raíz de las dudas que suscitaron los resultados de los comicios presidenciales de 2006, se solicitó el acceso a las boletas electorales como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del desempeño de las autoridades durante la jornada electoral. Esto con el fin de que las personas pudieran acceder al dato duro y, con ello, a la verdad histórica que les permitiera formarse una opinión independiente sobre los resultados de este proceso electoral. Sin embargo, el acceso a dichas boletas fue negado por el Instituto Federal Electoral (IFE) por considerarlas información indisponible, pues conforme a la ley deben ser destruidas una vez concluida la jornada electoral. La negativa del IFE fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que el tema era electoral y que, por lo tanto, el juicio de amparo resultaba improcedente. Frente a estas resoluciones, se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la violación del derecho a la información y la carencia de un recurso efectivo interno contra esta violación, solicitando paralelamente la adopción de medidas cautelares por parte de México para suspender la destrucción de dichas boletas, en tanto la CIDH verificaba las violaciones denunciadas. El 2 de julio de 2008, la Comisión Interamericana concedió las medidas cautelares solicitadas, vigentes a la fecha. Por su parte, la petición presentada se encuentra pendiente de ser admitida. Con este escenario en mente, una vez confirmados los resultados de la pasada jornada electoral y concluido el proceso electoral, se hará patente de nueva cuenta la necesidad de que las boletas electorales, en lugar de ser destruidas, se conserven en archivos electrónicos y a disposición de las personas interesadas en consultarlas, en respeto y garantía de su derecho de acceso a la información. Lo anterior, entre otras cosas, como herramienta para comprender los alcances y las distintas vertientes del movimiento anulacionista que representa a aquellas personas que, en esta ocasión, decidieron no dar más su voto de confianza a partido político alguno, sea anulando su voto o bien sufragando por candidaturas no registradas, que en una democracia que se precie de serlo debe ser escuchado, analizado y tomado en cuenta por nuestras autoridades y la sociedad en su conjunto. Esperamos que el gobierno mexicano comprenda de una vez por todas el importante papel que el acceso a las boletas electorales juega en el fortalecimiento de nuestra democracia y que la nueva Legislatura se dé a la tarea de reformar la norma que instruye su destrucción y ordene, en su lugar, su conservación.
__________________________________________________________________________________________________________ 1 Coordinadora del proyecto de litigio estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. / graciela@fundar.org.mx |
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