Clientelismo electoral y proceso 2009

por Lourdes Morales Canales [1]

El proceso electoral del pasado 5 de julio tuvo varias características que resultan novedosas en el contexto actual del país. En primer lugar, se puso a prueba un nuevo marco jurídico, la reforma electoral del 2007, la cual fue producto de ajustes indispensables, aunque finalmente insuficientes que surgieron de la crisis poselectoral del 2006.

En segundo lugar, fue una elección marcada por el "voto nulo", el abstencionismo y el hastío ciudadano hacia las propuestas partidistas existentes, aunque la participación electoral fue más elevada de lo esperado. En tercer lugar, fue una elección que se desarrolló en un ambiente de crisis económica, violencia e inseguridad ciudadana.

Todo lo anterior atrajo la atención de 410 visitantes extranjeros y 17 mil observadores nacionales, una cifra bastante alta si consideramos que en la última elección intermedia (2003) sólo se registraron 12 mil 728 observadores.

Frente a este contexto, sobresale el escaso avance de la cultura política mexicana, a saber, la existencia de viejas prácticas que 11 años de pluralidad partidista en el Congreso y nueve años de alternancia en la Presidencia no han logrado arrancar, sino más bien ha perennizado en las conductas ciudadanas: el clientelismo político-electoral.

A lo largo de esta elección, la organización ciudadana Alianza Cívica realizó un ejercicio de monitoreo en 10 estados del país y 23 distritos electorales federales, elegidos de manera aleatoria. La hipótesis de partida fue que tras la reforma electoral del 2007, los partidos políticos vieron reducido el 70% de su financiamiento para transmisión de propaganda electoral en medios de comunicación electrónica. A pesar de esto, recibieron para el financiamiento de sus actividades ordinarias, actividades específicas y de campaña electoral, la nada despreciable cantidad de 3,633 millones de pesos del erario, con lo cual lograron un aumento de recursos de entre tres y cuatro veces para realizar labores de proselitismo.

El ejercicio de Alianza Cívica demostró que con estos recursos, los partidos políticos incrementaron acciones de compra y coacción del voto, reforzando el clientelismo electoral entre la ciudadanía.

Desde marzo de este año, se realizaron 115 entrevistas a profundidad a actores clave y grupos focales en estos 23 Distritos Electorales federales y, dos semanas previas a la jornada electoral, brigadas ciudadanas levantaron 3,000 encuestas a ciudadanas y ciudadanos para identificar este tipo de prácticas.

Los primeros resultados muestran que 25% de las personas encuestadas manifestó que el voto no es secreto y 5% dijo no saber si era o no secreto, principalmente en las zonas más marginadas. Esto nos parece alarmante, puesto que muestra la vulnerabilidad de un porcentaje importante de la población frente a posibles presiones políticas.

De igual forma, 12% dijo que por recibir un programa social sentía la obligación de votar por un partido político y 37% de las personas entrevistadas aseguró creer que los apoyos y programas sociales se otorgan principalmente a simpatizantes de los partidos, dentro de los cuales se identificaron a todas las fuerzas políticas, pero en particular a aquellas que se encuentran en los tres niveles de gobierno, a saber, el PRI-PVEM, PAN y PRD.

El día de la jornada electoral, los resultados de la primera fase del ejercicio de observación electoral se confirmaron con las 1,156 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y con los reportes de observadores de Alianza Cívica en los estados, los cuales registraron actos de acarreo, compra de votos y reparto de despensas.

Este proceso electoral muestra, entonces, cómo es cada vez más escaso el valor que se le da al voto como vía de elección de representantes, pero sobre todo como único mecanismo para sancionar o premiar de manera directa el desempeño de las administraciones por parte de las y los ciudadanos. En contraparte, nos encontramos frente a un escenario en donde entre más competencia y más oferta exista, mayor pragmatismo electoral y costos más elevados. Sin duda, un costo demasiado alto para tan escaso beneficio.

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1 Directora Ejecutiva de Alianza Cívica, A.C. / lmorales@alianzacivica.org.mx