Mujeres defendiendo derechos

por Andrea de la Barrera Montppellier [1]

“Ninguna mujer puede llamarse libre, si no es dueña del control de su propio cuerpo”
Margaret Sanger

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) ha conocido la situación de riesgo, la limitación a la libertad y el aumento de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran diversas mujeres que ejercen su derecho a defender los derechos humanos y su derecho a la participación en México. Este artículo busca ejemplificar estas situaciones.

Diversas autoridades locales, estatales y federales han vertido declaraciones públicas en las que denostan el trabajo de quienes realizan defensa de derechos humanos. En algunas ocasiones, las declaraciones han acompañado la impunidad de agentes responsables de ataques, amenazas y hostigamiento en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas y a mujeres que ejercen puestos públicos en espacios locales. La violencia institucional ejercida hacia las defensoras, periodistas y mujeres que ocupan espacios públicos, involucra características específicas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Estos casos ilustran que hasta el día de hoy, promover derechos relacionados con la familia o la sexualidad es visto, a menudo, como una amenaza hacia las instituciones patriarcales, lo cual intensifica la hostilidad hacia las defensoras. Incluso, en ocasiones los ataques son provocados por la mera presencia femenina, pues resulta transgresora de los espacios tradicionalmente masculinos, como la política local. Como señala Charlotte Bunch, los ataques se tornan profundamente personales, y los esfuerzos para silenciar a las mujeres se sufren emocionalmente.[2]

Actualmente, la situación de las defensoras de derechos humanos es alarmante, como lo ejemplifican los casos narrados a continuación.

El 26 de marzo de 2009 fue aprobada una iniciativa por la que se reformó la Constitución Política del estado de Jalisco, mediante la cual se protege y reconoce la vida de toda persona desde la concepción hasta la muerte natural. A la par, se reformaron artículos del Código Penal donde se criminaliza y/o se les da estatus de enfermas mentales a las mujeres que aborten. Esta iniciativa fue presentada al Pleno tras una reunión entre el dirigente del PRI estatal y el Cardenal Sandoval Iñiguez.[3]

La lectura de la iniciativa en el recinto legislativo fue presenciada por una audiencia de personas vestidas de blanco y con atuendos religiosos; asimismo, se repartieron rosarios y biblias. Una vez instalada la sesión, la audiencia vestida de blanco y acompañada por religiosas comenzó a realizar plegarias, a rezar rosarios, y algunas y algunos diputados se les unieron a éstas.[4]

Cuando se comenzó a discutir la iniciativa en comento, una integrante del CLADEM-Jalisco junto con una investigadora de la Universidad de Guadalajara, desplegaron de forma pacífica y silenciosa dos pancartas con la consigna “Sí a la vida de las mujeres”. Acto seguido, fueron hostigadas y agredidas por la audiencia que se encontraba en el recinto legislativo. En un segundo momento, decidieron interrumpir las plegarias, demandando respeto al Estado laico y a los derechos humanos suscritos en los tratados internacionales. La respuesta de las y los diputados fue llamar al Jefe de Seguridad Pública para desalojarlas del recinto legislativo.

Lo anterior, demuestra la forma en la que las mujeres defensoras de derechos humanos, y que reivindican la autonomía corporal de las mujeres, sufren ataques personales y emocionales, pero también son discriminadas, negándoseles su derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos.

El caso de Jalisco no es aislado, las manifestaciones de violencia contra las mujeres, de discriminación y de obstaculización del derecho a defender derechos humanos se dan en distintos niveles de riesgo a lo largo del país. Por lo que resulta alarmante la falta de garantías de seguridad para las mujeres que ejercen su derecho a la participación política y ciudadana en el país.[5]

Otro ejemplo es el caso de Elizabeth Márquez González, una mujer joven electa para el cargo de sindica en el municipio de Huitzo, Oaxaca. Elizabeth se convirtió en el centro de una campaña de hostigamiento y amenazas a consecuencia de dos acciones: realizar labores de fiscalización y llamar a una asamblea pública para dar a conocer los resultados. Además, no cedía a las presiones del PRI a renunciar al puesto y dejar su lugar al sobrino del dirigente local del partido.

El mensaje intimidante y amenazador difundido en su comunidad se caracterizó por utilizar un discurso sumamente denigrante y sexista. Esta situación no es aislada: en el estado de Oaxaca, investigadoras como Margarita Dalton han documentado qué sucede con las mujeres que ocupan puestos de elección popular. Las respuestas van desde forzarlas a renunciar antes de tiempo hasta el asesinato de una Presidenta Municipal.

En el estado de Guerrero, la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM) ha documentado y denunciado públicamente ante las autoridades correspondientes los atropellos del Ejército contra sus comunidades. Desde este espacio, Obtilia Eugenio ha realizado un trabajo serio y fundamental en la defensa de los derechos humanos. A raíz de esta labor, que ha afectado a militares y caciques de la región, ella se encuentra en una situación de riesgo, ante las amenazas de muerte que ha recibido.[6] En 2002, la OPIM denunció las violaciones sexuales que soldados cometieron contra Valentina e Inés, indígenas me´phaas, quienes tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de agotar las instancias de justicia nacionales.

Finalmente, llama nuestra atención la situación de riesgo de las defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez. En este caso, el gobierno estatal ha lanzado desde hace unos años una campaña para “limpiar” la imagen pública. Para hacerlo ha cuestionado el trabajo de las defensoras de derechos humanos, la imparcialidad y profesionalismo de periodistas y la veracidad de los testimonios y denuncias de mamás que han buscando por años acceder a la justicia. El clima de hostigamiento generado por las autoridades donde se descalifica el trabajo de las defensoras sitúa a las mujeres en condiciones de riesgo extremo.

Como ha señalado la CIDH, las declaraciones “que deslegitiman y desacreditan la labor de las y los defensores incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren que las organizaciones de derechos humanos colaboran con grupos disidentes armados, proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado o desprestigian la imagen internacional de los países”. Ante este tipo de hostigamiento estatal, la Comisión ha sido clara en señalar que: “los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno”.[7]

En suma, la situación de riesgo y de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, con un rol público prominente en su comunidad, que defienden a sus comunidades o sus causas, o que simplemente exigen justicia, constituyen formas grave de discriminación en las que las y los diputados tendrían que intervenir implementando medidas de control efectivas.

Ante el clima de impunidad en el país, se espera del Poder Legislativo una actitud proactiva como contrapeso claro para impedir el uso político de las fuerzas de seguridad del Estado y para controlar a los agentes no estatales que ejercen la violencia en contra de aquellos y aquellas que defienden derechos humanos. Solamente si el Poder Legislativo da un seguimiento claro a la situación de las defensoras en el país dará muestras de su compromiso con la democracia y los derechos humanos.

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1 Integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) / clademexico@gmail.com / http://www.cladem.org e investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
2 Charlotte Bunch, entrevista realizada en el encuentro Consulta internacional sobre las Mujeres defensoras de derechos humanos, En Peligro: las defensoras de derechos humanos, Argentina, Indymedia, por Reenvio de Gabriela De Cicco, 19 de diciembre de 2005, disponible en línea http://argentina.indymedia.org/news/2005/12/359589.php
3 Ver http://www.milenio.com/node/192278
4 La influencia de la Iglesia católica en espacios de toma de decisión como los Congresos estatales ha sido contundente. Es importante resaltar que la influencia eclesial en funcionarias y funcionarios públicos va acompañada de políticas basadas en la intolerancia por parte de los gobiernos locales.
5 El artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW) establece que los Estados partes aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política [...].
6 Sin efecto las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sandra Torres Pastrana, Obtilia Eugenio: compromiso con la justicia, pese a amenazas, Ayutla, Guerrero, 23 febrero de 2009, Ver http://www.cimacnoticias.com/site/09022301-REPORTAJE-Obtilia-E.36695.0.html
7 Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, disponible en línea http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap5.htm#Campa%C3%B1as