Cecilia García

17 de julio, 2008

En el paquete de iniciativas para la reforma petrolera enviado al Congreso por el Ejecutivo federal hay aspectos que abren la puerta a la opacidad y la corrupción, coinciden especialistas en transparencia, rendición de cuentas y gobiernocorporativo.

La figura de director general, concebida como la máxima autoridad de Pemex y refrendada así en la propuesta de reforma del presidente Felipe Calderón, tendría un contrapeso en el Consejo de Administración.

Sin embargo, advierten, en el plan calderonista para modificar el funcionamiento de la empresa no se ofrece un control real, porque la conformación de ese grupo dependería principalmente del titular del Ejecutivo.

“Es decir, cómo entender que se le pretenda dar a los órganos de gobierno de la empresa un régimen de mayor transparencia y rendición de cuentas si se pretende que ahora el Ejecutivo esté representado no por seis de 11 miembros, sino por diez de 15 y, además, no se toca la relación con el sindicato”, explica Irma Sandoval, investigadora del Instituto de investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Contrario a lo que se dice en el texto, la propuesta no promueve en los hechos la autonomía de gestión de la empresa, lejos de ello, establece nuevos mecanismos discrecionales que fortalecen al titular del Ejecutivo en la actividad de la paraestatal”, señala David Dávila, integrante del equipo de evaluación de la reforma petrolera del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Un segundo aspecto preocupante, según la investigadora Irma Sandoval, es la designación y el esquema bajo el cual se propone la incorporación de cuatro consejeros profesionales al organismo colegiado de gobierno de la petrolera.

Su incorporación “en un primer aspecto no suena mal, pero lo que es alarmante es que dos de esos cuatro serán consejeros de tiempo completo y dos de tiempo parcial.

“Esto preocupa, porque se supone que los dos de tiempo parcial no tendrán que desvincularse de sus funciones tradicionales, incluso se dice que podrán realizar sus funciones de consultores externos con independencia de sus actividades particulares, y esto abre la posibilidad de que existan conflictos de interés, si se dedican a asesorar a empresas involucradas en el sector energético o petrolero”, dice.

Además, asevera que los consejeros de tiempo parcial no estarían sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos pese a que su sueldo y presupuesto para su oficina provengan del erario.