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18 de julio, 2008
Marco Durán / El Sol de México
Ciudad de México.- Debido al exceso de discrecionalidad de los servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias penales en perjuicio de la empresa por 3 mil 500 millones de pesos.
Durante el foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Arturo González Aragón, auditor general, expuso ante los legisladores que como parte de la revisión de las últimas siete cuentas públicas, se le practicaron a Pemex 240 auditorías en las que se determinaron mil 590 observaciones y 2 mil 100 acciones promovidas, que incluyen pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa y denuncia penal.
Agregó que derivado de la actuación de la ASF se lograron recuperar 3 mil 546 millones de pesos en beneficio del patrimonio de Petróleos Mexicanos.
En las auditorías y evaluaciones practicadas se destaca que, en cuanto a su planeación estratégica, los objetivos en el plan de negocios de Pemex no tuvieron relación directa con los del Plan Nacional de Desarrollo ni con las estrategias del Programa Sectorial de Energía. Los planes de negocios no incluyeron escenarios alternativos ni indicadores de desempeño.
El funcionario criticó duramente que la paraestatal "desempeñe una función básica como instrumento recaudatorio del Gobierno federal, pues la empresa se ha constituido en la fuente más importante para financiar al gasto público".
Su contribución en los ingresos presupuestarios entre el 2000 y el 2007 fue de aproximadamente el 35 por ciento y aportó casi el 40 por ciento de los recursos del gasto público federalizado.
El funcionario estimó que en el periodo de 1995 a 2004, la carga fiscal acumulada de Pemex ascendió a 3.3 billones de pesos, cifra que representó el 57 por ciento del total de sus ventas brutas, nueve veces el valor de sus activos fijos y cuatro veces el saldo de la deuda externa del país.
Sin embargo, reconoció que la fiscalización efectuada en el 2006 al nuevo régimen fiscal mostró que su aplicación se realizó, en general, con observancia de la norma. El nuevo régimen fiscal dio un resultado favorable para Pemex de 65 mil millones de pesos, añadió.
* Deuda de Pemex para 23 años
En materia de inversión, González Aragón destacó que el incremento en la demanda de bienes y servicios del sector energético y la insuficiencia de recursos presupuestarios condujeron a la búsqueda de alternativas de financiamiento a través de los Pidiriegas.
Pero criticó también que el pasivo total por este concepto asciende actualmente a 1.7 billones de pesos, el cual debe ser amortizado en los próximos 23 años, y que el servicio de la deuda en el 2008 significará para Pemex un fuerte desembolso.
Los contratos de servicios múltiples fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación, y por lo mismo suspendidos por Pemex, afirmó.
* Empresas proveedoras de Pemex no cumplen
El funcionario reveló que se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines y 21 de ellas no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal.
* Pesado pasivo laboral
González detalló en un análisis que la reducción en la plantilla de personal de Petróleos Mexicanos de 210 mil a 107 mil plazas durante el periodo 1987-1993 contrasta con la que registra el organismo de 147 mil plazas; es decir, en 14 años la plantilla se incrementó en un 33 por ciento.
Al cierre de 2007, aseguró el auditor superior de la Federación, el pasivo laboral de la empresa ascendió a 528 mil millones de pesos, equivalentes al 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y en el mismo año se erogaron 24 mil millones de pesos.
* Peligran ingresos de Pemex
Asimismo, advirtió que por la disminución de las reservas los ingresos tenderán a reducirse, lo cual implicará que en los próximos 10 años Pemex presente serias dificultades para enfrentar su pasivo laboral, pues registra serias inconsistencias en el padrón de jubilados, toda vez que la base de datos de los pensionados y jubilados no está integrada, actualizada y conciliada y, por lo tanto, no es confiable ni transparente.
Sugirió que deben cerrarse los espacios al uso inadecuado de los recursos excedentes que se generan, a la opacidad con se manejan y a la discrecionalidad con que se aplican.
"No se puede aceptar que al amparo de la modernización administrativa, estos factores incrementen su nivel de riesgo, que invita a la corrupción", dijo el funcionario.
Recordó que el Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene como mandato constitucional fiscalizar cualquier peso público federal, se encuentre donde se encuentre. Esta facultad, agregó, es irrenunciable.
* Propuesta
González afirmó que la dependencia a su cargo se pronuncia por alcanzar acuerdos que conduzcan a reformas de fondo que consideren las siguientes premisas: mejorar sustancialmente la administración y recaudación tributaria, a través de una verdadera reforma hacendaría; mantener como irrenunciable la facultad del Poder Legislativo de revisar y fiscalizar la actuación y los resultados de Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades de la Auditoría Superior, para que imponga sanciones administrativas y económicas, y orientar el destino de los ingresos ordinarios adicionales a inversiones en infraestructura y proyectos productivos.
Asimismo, agregó, reducir la burocracia, la tramitología y la gran discrecionalidad en el uso de los recursos públicos; realizar una profunda reforma estructural en Pemex, con énfasis en a eficacia, la economía y la transparencia de su actuación, y promover acciones para atender con programas concretos los segmentos que registran opacidad y riesgo al interior de Pemex, con el fin de convertirlos en verdaderas oportunidades de mejora.
* Cero tolerancia
El funcionario también arremetió contra la empresa al señalar que hay que revisar el régimen laboral de Pemex, incluyendo su relación con el sindicato y su sistema de pensiones, con el fin de atender los factores de riesgo en la materia.
Además, comentó, de debe desarrollar un riguroso sistema de indicadores de desempeño que permita evaluar el comportamiento del organismo, el cumplimiento de objetivos y metas, la calidad de los servicios que presta y la actuación de los servidores públicos.
Igualmente, fortalecer los sistemas de control interno de la paraestatal con base en acciones preventivas y correctivas, y por último, combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes mediante una cultura de transparencia rendición de cuentas y "tolerancia cero a conductas indebidas".
Ningún Estado democrático puede aceptar excepción alguna en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues ello haría nulo cualquier esfuerzo que tienda a la construcción de un mejor país en beneficio de todos, afirmó.
Y agregó que forjar un mejor país implica tener una visión de Estado con perspectiva, en la que no tienen cabida los intereses particulares ante el interés supremo de la nación.
Los servidores deben tener en todo momento y en todo lugar, privilegiar la transparencia de su actuación.
El funcionario dijo que todo cargo público implica una responsabilidad con la sociedad, "la rendición de cuentas es un deber legal ético y moral que nadie puede eludir".
Puntualizó que la rendición debe ser pública porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos. "El país es de todos y no patrimonio particular de nadie".
Fuente:www.oem.com.mx
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