El martes 22 de julio se llevó a cabo el último Foro de Debate en torno a la Reforma Energética en el Senado de la República. Ocupó la sesión el tema de las Relaciones con Compañías Extranjeras y Jurisdicción de Tribunales Internacionales. Para hablar sobre ese tema fueron convocadas ocho personas: Lic. Manuel Bartlett, Lic. Carlos Loperena, Lic. Pedro López, Lic. Néstor García, Lic. Humberto Lira, Lic. Miguel Estrada, Lic. Alfredo Jalife y Lic. Víctor Flores.

Las primeras palabras del evento estuvieron a cargo del Senador Santiago Creel, quien las ocupó para agradecer los esfuerzos realizados por todos aquellos que hicieron posible la realización de los veintiún foros de debate. Expresó agradecimiento a los 162 panelistas que durante varias semanas brindaron a los legisladores una gran cantidad de posibilidades para, en el momento de legislar, responder lo más adecuadamente a las necesidades que implica reformar la operación de Petróleos Mexicanos y el campo de la actividad energética.

Por su parte, el Senador Francisco Labastida señaló lo importante que resultaría escuchar las intervenciones, pues la empresa paraestatal mexicana es eso: una empresa. Explicó que Petróleos Mexicanos se relaciona todos los días con otras compañías, celebra contratos, intercambia información. Por ello, PEMEX está bajo la esfera de tribunales internacionales que también intervienen en su relación con otras empresas. Debido a que la reforma venidera contempla modificaciones jurídicas en ese rubro, se confirmaba así, la envergadura del análisis que harían los ponentes.

La primera intervención estuvo a cargo del Lic. Manuel Bartlett Díaz, quien se ha desempeñado como Secretario de Gobernación y de Educación Pública. Comenzó señalando su rechazo a la Reforma Energética pues mencionó que no es nada nuevo y apuntó que trata de dar el golpe final a la soberanía energética y concluir un proceso iniciado con el Tratado de Libre Comercio. Apuntó que el objetivo central de la Reforma es el regreso de las petroleras extranjeras a México protegidas por la jurisdicción supranacional. Dijo que lo que pretende el Ejecutivo es sustituir el modelo nacional por otro en el que se someta al petróleo mexicano a las reglas del libre mercado, bajo la explotación de toda la cadena por empresas extranjeras asociadas en el aprovechamiento de la renta petrolera a través de contratos que confieren derechos intocables. Apuntó que las iniciativas de Calderón van en contra de la tendencia mundial: el nacionalismo energético.  De tal manera que los países productores aseguran sus reservas, recuperan antiguas sesiones, recortas privilegios de las transnacionales. En cambio en México se propone la desnacionalización.

Propuso que se dictamine en contra de las iniciativas de reforma energética del Ejecutivo, iniciar e instalar una Comisión Plural que establezca un programa de emergencia. Asimismo, exigirle al Ejecutivo iniciar la construcción de refinerías, incrementar la capacidad de las existentes, reducir la importación de gasolinas y de gas; hacer juicio de responsabilidades a quienes han propiciado el desastre petrolero; demandar al Ejecutivo que presente ante el Congreso todos los contratos que bajo diferentes nombres realizan innumerables funciones; evaluar su presencia en todo territorio nacional; analizar las compras y servicios diversos, sus montos y la comparación con los costos nacionales. Pidió que se le solicite a la Auditoría Superior de la Federación que proponga las medidas para corregir el desastre financiero, sin lo cual ninguna reforma será viable.

La segunda intervención estuvo a cargo del Lic. Carlos Loperena Ruiz, quien actualmente se desempeña en el campo del litigio nacional e internacional y considera que la propuesta del Gobierno es una forma adecuada de volver a darle a PEMEX la fortaleza que requiere para enfrentar el porvenir sin miedos y con habilidades renovadas. En materia de arbitraje aplicado a empresas de Estado, mencionó que empresas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad han sido parte en arbitrajes desde hace mucho tiempo. Estas empresas del Estado cuentan con grupos de abogados dentro de sus departamentos jurídicos, experimentados y conocedores del arbitraje comercial, nacional e internacional.

Dijo que se aplican leyes mexicanas en cuanto a los arbitrajes que se llevan a cabo en México, pero que eso no significa que no se pueda ir al extranjero sin que disminuyan los derechos de las partes. Mencionó que el arbitraje tiene la garantía de la igualdad de las partes y si no se da este trato igual, las convenciones internacionales en materia de arbitraje establecen que el laudo no es ejecutable. Dijo que no ve en la iniciativa presidencial nada que contravenga el derecho mexicano, ni la soberanía de nuestro país al mencionar la pertinencia de someter litigios ante tribunales internacionales que en general serán los tribunales arbitrales. Señaló que quienes afirman que se trata de un intento de favorecer a empresas extranjeras quizá no conocen la experiencia de nuestro país en el tema, o las características esenciales del arbitraje internacional. Concluyó su intervención señalando que espera que todos apostemos por un PEMEX más fuerte, capaz de superar los desafíos que enfrenta, capaz de garantizar el bienestar para todos: el PEMEX que se plasma en las iniciativas del Presidente Calderón.

Por su parte, el Lic. Pedro López Elías, experto en contratación pública nacional e internacional, señaló que está de acuerdo con la modernización de PEMEX pero con puntualizaciones. De acuerdo a ello, y según la iniciativa, el arbitraje se puede utilizar en tres momentos. Primero, en el proceso de formación de los contratos o sea, en la licitación pública. Segundo, en el momento del fallo de la licitación es decir, cuando se adjudica la licitación pública. Tres, cuando se ejecuta el contrato es decir, cuando el mismo se encuentre debidamente formalizado y con plenos efectos de su vigencia.

En lo relativo a la contratación pública de PEMEX, propuso que se resuelva a través de la emisión de una norma de contratación pública para el sector energético. Ello significa que PEMEX podría tener una Ley que expida el Congreso de la Unión única y exclusivamente para la contratación pública en materia del sector energético y así evitar, entre otras cosas, la discrecionalidad en la toma de decisiones, sobretodo si se trata de definir si un contrato es internacional o no. Expuso que el permitir el arbitraje en los Contratos Públicos Internacionales de PEMEX como lo señala la Iniciativa de Ley Orgánica de PEMEX es adecuado; sin embargo, es importante reconocer una realidad: que al día de hoy la paraestatal ha utilizado estos mecanismos cuando menos desde hace más de 10 años en algunos contratos. También es cierto que se deben establecer reglas muy claras por el órgano legislativo para determinar el quién, el cómo y cuándo definir el arbitraje. 

Así que propuso que el Congreso de la Unión, en caso de que determine aprobar las Iniciativas de Ley, precise los lineamientos y reglas para la utilización del arbitraje y de otros medios de solución de controversias en PEMEX. Finalmente, en cuanto al tema contractual propuso que, en primer lugar, se emita un ordenamiento especial para PEMEX y el sector energético en materia de contratación, que evite la discrecionalidad en la aplicación de las normas legales y que determine claramente la distinción entre contratos internacionales y otros que no lo son. Segundo, que se establezca en PEMEX un Comité de Contratación que las Iniciativas no prevén, que permita la toma de decisiones y el control respecto de los mecanismos de contratación que se lleven a cabo y de la formalización y ejecución de los contratos públicos. Tercero, que se otorgue plena transparencia a los contratos de PEMEX a efecto de que la sociedad los conozca a través del establecimiento de un registro público de contratos. Finalmente, que se fortalezca al Poder Judicial de la Federación para que las controversias de PEMEX en las que no se utilizan los mecanismos alternos de solución de controversias, se resuelvan a través de Tribunales Administrativos Especializados.

El siguiente ponente fue el Lic. Néstor García Reza, quien actualmente es el Abogado General de Petróleos Mexicanos. Habló de PEMEX en su papel de empresa y apuntó que debe ser productiva sin perder de vista su naturaleza pública, por lo que está obligada a cumplir con los fines de interés nacional para los cuales fue creada. Mencionó que para lograr su eficiencia y productividad se requiere de las herramientas previstas en la Iniciativa de Reforma que contribuyan en la consecución inmediata de sus propósitos fundamentales.

Señaló la imperiosa necesidad de aprobar la Reforma presentada por el Ejecutivo a fin de evitar un marco normativo que imponga cargas innecesarias y que evite entorpecer la operación y cumplimiento de los objetivos de Petróleos Mexicanos, de esta forma las herramientas previstas en dicha Iniciativa permiten mejorar su rendimiento y productividad, así como el desarrollo de una verdadera autonomía de gestión, y una administración ágil, eficiente y transparente. Considera que la Reforma Energética propuesta pretende la modernización y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, no su privatización. Dijo que en razón de la importancia de la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de las obligaciones del Estado, dicha Reforma permitirá garantizar la seguridad energética de ésta generación y de las futuras, lo que generará una importante fuente de recursos para atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población y obtener la infraestructura pública necesaria para elevar la competitividad y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Concluyó afirmando, que la Iniciativa de Reforma presentada es Constitucional ya que respeta la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y los hidrocarburos; confiere mayor autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios; moderniza la administración de la empresa; establece un sistema especializado de contratación para la industria petrolera; permite el cumplimiento de los objetivos económicos, y maximización de la utilidad y renta petrolera en beneficio del país, y por supuesto, con la Reforma, PEMEX se fortalece, no se privatiza.

El Lic. Humberto Lira Mora, ex Subsecretario de Gobernación y ex Embajador de México, fue el cuarto participante. Al comenzar su intervención destacó que observando el tema de la convocatoria, el comentario debería ser eminentemente jurídico; sin embargo, dado el limitado tiempo, no podría separarse por completo de alguna otra connotación, como la ideológica. Aún así, el dio un análisis constreñido a los aspectos jurídicos de la iniciativa. Comenzó señalando que Petróleos Mexicanos al celebrar contratos con terceros, públicos o particulares y nacionales o extranjeros, está interactuando y sometiéndose a la regulación de leyes federales específicas, y aún de tratados internacionales y jurisdicciones de organismos también globales, suscritos por México. Tal es el caso de las especificidades contenidas en el TLCAN para la actividad petrolera. Por ello, explicó, las reformas a artículos específicos que norman las relaciones a las que PEMEX se somete con otros sujetos jurídicos deben ser bien estudiadas. No podrá eludir el Poder Legislativo puntos tan importantes como el impedimento de la compañía petrolera para ofrecer fianzas cuando realiza operaciones mercantiles con otras compañías, todo esto en el marco del derecho mercantil.

El Lic. Lira Mora señaló que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal no contemplan cambiar, modificando legalmente, la forma de realizar, celebrar, contratos entre la compañía petrolera nacional y terceros; ello se seguiría operando hasta como hoy en día. Explicó que sí está previsto en la Reforma, cambiar las capacidades de terceros para realizar actividades hasta ahora de control estatal. También, con los cambios propuestos en la modificación a la Ley Orgánica, y en el caso del nuevo Régimen de Adquisiciones y Obras, si fueran aprobados por el Congreso, se estaría renunciando a la regulación en lo que corresponde a las actividades sustantivas de la paraestatal y con ello, al pasar a ser regidas por el derecho privado, el mercantil ya no se podría proteger con la inmunidad de la jurisdicción del Estado mexicano, las actividades de antaño reservadas para su control estratégico. Ello constituiría ir en sentido contrario a la Constitución. Considerando lo anterior y finalizando la intervención, propuso adicionar al artículo 73 de la Constitución la facultad que el Congreso tendría para legislar en materia de inmunidad de legislación.

Por su parte, Miguel Estrada Sámano -Presidente de la Unión Internacional de Abogados- habló de los cambios que se han dado durante las últimas décadas en el mundo de las normas para regular las relaciones de actores económicos diversos. Explicó que en el comercio internacional la participación del arbitraje internacional es cada vez más determinante. Señaló que la permanencia del los Tribunales Internacionales de Arbitraje, el Derecho Internacional, se actualiza en la medida que el mundo vive cada vez más unido.

El Lic. Estrada señaló que hoy en día son pocas las personas que ratifican el esquema de leyes nacionales gobernando la esfera de acción de las empresas. Éstas, en el mundo actual, son cada vez más dependientes del intercambio, necesitan traspasar sus propias fronteras para poder acceder a más grandes mercados y con ello elevar sus índices de desarrollo, lo que supondría una mayor inversión en capacidad instalada y un incremento en la fuerza laboral en activo. Recordó que nuestro país ha suscrito los acuerdos generados en la Convención de Nueva York y que así también formaría parte de la comunidad global para el desarrollo de los nuevos esquemas de Arbitraje Internacional. Sin embargo, y a contra corriente de las evidencias de la realidad, e instalándose en atrasados conceptos, en México se podrían encontrar personas que se sorprendieran con las nuevas normatividades que velan por la promoción y el desarrollo de los intercambios comerciales entre naciones distintas. Ello se debe al atraso y la poca actualización que existe en nuestro país respecto de los temas que ocupan el escenario de las naciones desarrolladas.

En suma, el acceso a la justicia en circunstancias de intercambio comercial entre actores de distintas nacionalidades supone un reto que debería ser bien comprendido por los legisladores al construir el nuevo marco de operación de la compañía petrolera nacional. El objetivo deberá ser dotarla de las herramientas más adecuadas para permitir su sobrevivencia y fortalecimiento en un mercado mundial cada vez más especializado.

A cargo del Dr . Alfredo Jalife Rahme, especialista en temas internacionales y editorialista del diario La Jornada, estuvo la penúltima ponencia del Foro. El Dr. Jalife realizó una amplia exposición sobre varias particularidades que revelan múltiples características del mundo en que vivimos en relación con los energéticos y el control que los gobiernos hacen de ellos. Consideró que hay un nuevo orden geoenergético global determinado por una tendiente ola de renacionalizaciones y estatizaciones de las reservas energéticas globales. Rusia y Venezuela, por ejemplo, son potencias petroleras que han asegurado la tenencia de los beneficios económicos obtenidos por la explotación del llamado “oro negro”, pero además, se han preocupado por dotar a sus grandes compañías petroleras de mecanismos propios, integrándolas, para realizar las actividades que requieran. En ese sentido, consideró que las iniciativas del Presidente de la República la vulneran ya que ignoran la importantísima relevancia que tiene el control de los aparatos de distribución y almacenaje. Por ejemplo expuso lo que pasa con los ductos, para la seguridad energética de determinada región. Citó, sustentando con ello su idea, la situación de tensiones que se vive en Europa del Este para abastecerse de gas ruso. Agregó que en México, de forma poco responsable, “se quema gas en el sur y se importa del norte”.

En conjunto, consideró la reforma energética un mal paso, si es dado, para el país. Pues como lo sostuvo a lo largo de su intervención, el entorno global se ha modificado y la tendencia actual es por el fortalecimiento de las capacidades internas para poder resistir los grandes retos que el futuro depara.

El reconocido diplomático, el Lic. Víctor Flores Olea, dictó la última ponencia del Foro. Comenzó señalando que entre las características negativas de la reforma, sobresalen las siguientes. El “intento disfrazado de modificar la Constitución vía leyes de contraria”. La pretensión, contenida implícitamente, de seguir utilizando a PEMEX como una “caja chica de los gobiernos y como bolsa de despilfarros, sin rendición de cuentas”. La supuesta capacidad para permitir la corrupción al modificarse los esquemas de licitación pública y sustituirlos por adjudicaciones directas, y con un esquema que no favorece la rendición de cuentas. También, la política que continúa con el abandono de lo que antaño fuera un centro reconocido de investigación: el Instituto Mexicano del Petróleo. Por todo ello consideró que la respuesta ofrecida a los problemas que atraviesa Petróleos Mexicanos y de paso la Industria Energética nacional, es “simple y simplista”.