Reducciones al PEF, subastan nuestros derechos… a la una, a las dos y a las tres

Por Margarita Castilla [1]

 

 

Cuando se habla de derechos humanos y de los actores encargados de su garantía, vigencia y salvaguarda, lo primero que viene a la mente son aquellos servidores públicos de los tres poderes de la Unión encargados de diseñar, aprobar, ejecutar y auditar los instrumentos que permiten su amplio ejercicio. Y cuando se quiere conocer la calidad del compromiso que un Estado tiene con el avance progresivo en el ejercicio de aquellos derechos, es útil analizar algunos de esos instrumentos. Entre ellos están no sólo el principal producto del trabajo legislativo que son las leyes mismas, sino también aquel que es construido y negociado principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese sentido, la frase popular "sigue el dinero" cobra una nueva dimensión. Esto es lo que Fundar hace desde octubre de 2009 junto con el Comité de Usuarios de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (USSINER) para advertir a nuestras y nuestros representantes el daño en la salud y vida de las personas que ocasionaría la reducción en el presupuesto que ese Instituto de salud destina a la prevención y atención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

A pesar de los esfuerzos que para ello llevamos a cabo como integrantes de la ciudadanía, el hecho fue contundente: el Instituto que atiende al mayor número de personas[2] que viven con VIH/SIDA cuenta para este año con 30% menos de recursos que el periodo anterior. En otras palabras, pasó de 25,224,857 pesos en 2009 a 17,723,182 en 2010.

Desde una perspectiva de derechos humanos podemos afirmar lo siguiente:

Primero, que a pesar de que el Estado mexicano se comprometió ante la comunidad internacional,[3] de manera libre y voluntaria, a evitar la adopción de medidas que impliquen un retroceso en las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos humanos, hoy contamos con menos presupuesto para la atención y prevención de las personas que viven con VIH/SIDA. Esto claramente es una medida regresiva.

En segundo lugar, podemos afirmar que mediante esta reducción presupuestaria, el Estado mexicano incumple también la obligación de hacer uso del máximo de los recursos disponibles para garantizar la plena efectividad de los derechos humanos. Concretamente, la reducción presupuestaria imposibilita a las y los pacientes del INER que viven con VIH/SIDA el acceso a fármacos específicos que son necesarios para tratar las enfermedades oportunistas relacionadas con el virus y que, generalmente, conducen a la muerte. Asimismo, les dificulta contar con un diagnóstico preciso de las causas de sus enfermedades respiratorias por la carencia de reactivos y del equipo que permita identificar otros virus y bacterias relacionadas con la infección.

Lo antes expuesto deriva en violaciones al derecho a la salud y, aún más grave, al derecho a la vida de las y los pacientes del INER que viven con VIH/SIDA.

Ante esta situación cabe preguntarnos lo siguiente: ¿De qué otra forma podemos transmitir a nuestras y nuestros representantes el impacto que tienen sus decisiones en nuestra salud y vida? ¿Cómo podemos allegarles la información sustantiva para la toma de decisiones presupuestarias que nos afectan y tener la certeza de que es tomada en cuenta? ¿Qué mecanismos oficiales podemos echar a andar para evitar la disminución en el acceso y ejercicio de nuestros derechos humanos por vía presupuestaria? ¿Podemos sancionar estas decisiones? ¿Podemos conocer al menos las consideraciones que toman nuestras y nuestros representantes para reducir las asignaciones en temas tan sensibles?

Las posibilidades existentes no son suficientes para que la ciudadanía contrapese las decisiones presupuestarias. Son precarias y las hemos agotado, incluido un juicio de amparo en curso en el que aún tenemos depositadas todas nuestras expectativas y mediante el cual buscamos, entre otras cosas, evidenciar la ausencia de recursos frente a agravios inminentes a la salud y a la vida de las personas.

Ahora que está por comenzar un nuevo ciclo presupuestario es buen momento para que nuestras y nuestros representantes lo enriquezcan con análisis de impacto por sector, así como con la información que la ciudadanía puede allegarles. De esta forma, la intención es que lleguen mejor armados para construir con el tiempo un presupuesto ciudadano; es decir, un presupuesto diseñado para garantizar el avance en el acceso y ejercicio de los derechos de todas las personas de un país.

 

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[1] Investigadora del proyecto Litigio Estratégico de  Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. / margarita@fundar.org.mx

[2] Tan solo en el primer semestre de 2009 el número de pacientes con VIH/SIDA atendidos por el INER a través del CIENI, Urgencias o Consulta Externa fue de 1099, siendo el número de pacientes hospitalizados de 95 y el número de pacientes que se realizó estudios de laboratorio de 5514. Conforme a los datos proporcionados por el INER, éste último es el Instituto que hospitaliza al mayor número de personas que viven con VIH/SIDA, aproximadamente de 220 a 250 por año y atiende en forma ambulatoria a unas 1060 personas con VIH/SIDA, cifra que aumenta en 20% cada año. (Información extraída de la resolución al recurso de revisión del expediente 1793/2009 emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mediante la cual el INER da respuesta a la solicitud de información 1222300013809).

 

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