CURUL 501 | El derecho a la salud: una responsabilidad para el Poder Legislativo

Desde 2004, el presupuesto del Seguro Popular (SP) ha incrementado más de diez veces su tamaño; sin embargo, la inversión en salud continúa siendo insuficiente tanto para cumplir con los propios objetivos del Seguro Popular como para resolver los problemas históricos del sistema de salud. Para 2008, el total de los recursos asignados a la función salud representó apenas el 2.6% del PIB, mientras que países de la región como Uruguay, Argentina y Honduras invierten en salud el 7.0, 4.7 y 3.8% respectivamente, en relación con su PIB.

Asimismo, se ha observado que, no obstante el incremento de recursos al SP existen situaciones alarmantes en el financiamiento de la salud. La primera tiene que ver con el hecho de que en los últimos años se ha detectado una desaceleración en la asignación presupuestaria: mientras que de 2008 a 2009 el incremento en el presupuesto aprobado para el SP fue de 55 puntos porcentuales, de 2009 a 2010 fue de escasos 8.3 puntos.[2] No se explica esta desaceleración dado que el Seguro Popular ha sido declarado como uno de los programas sociales más importantes en la administración de Calderón y a través del cual pretenden lograrse metas cada vez más ambiciosas, pero paradójicamente con menos recursos.

Resulta aún más preocupante el hecho de que los recursos existentes sean desaprovechados sistemáticamente. En diversas ocasiones Fundar ha denunciado el subejercicio de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestaria (FPP), destinado a la construcción de infraestructura en los municipios con mayores niveles de marginación.[3] Dicho Fondo subejerció de 2004 a 2009 el 75% de sus recursos, lo que significó que más de 6 mil millones de pesos se dejaran de aplicar a la construcción de clínicas y hospitales. Recientemente, el cuarto Informe trimestral producido por la Secretaría de Hacienda reportó que durante el ejercicio 2009 sólo el 85% de lo presupuestado en el sector salud había sido ejercido. Ya sea por motivos de recorte o por subejercicios, el derroche de recursos frente a las graves carencias que padece el sector es admisible.

También es de suma importancia mencionar que aunque uno de los objetivos explícitos de la instauración del SP es la disminución del gasto de bolsillo, como proporción del gasto total en salud, éste no ha disminuido significativamente en los últimos años. A 2008, el gasto de bolsillo seguía representando poco más de la mitad del gasto total en salud; es decir, 51.8 por ciento. Esto, en términos prácticos, significa que sigue siendo la población la que aporta la mayor parte de los recursos financieros al sector salud y que el Estado mexicano no ha sido capaz de liberar de esa carga a las y los ciudadanos. Para ilustrar lo anterior, la última Encuesta Nacional sobre Ingresos y Gastos de los Hogares muestra que el primer decil de ingresos puede gastar hasta el 48% de sus ingresos en servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria y hasta el 31% en atención del parto y medicamentos asociados. Este gasto implica profundizar la pobreza de las familias.

Por otro lado, cabe destacar las profundas carencias existentes en el sistema de salud: para 2008, a nivel nacional se contaba con tan sólo 0.7 consultorios, 0.3 camas y 1.4 médicos por cada mil habitantes sin seguridad social. Asimismo, sólo la mitad del total de las unidades médicas existentes en el país (5,999 de las 11,716 existentes)[4] han sido acreditadas para otorgar las intervenciones prometidas por el programa. ¿Es esto suficiente para brindar servicios de salud de calidad a las 30 millones que para 2009 habían sido afiliadas al programa? ¿Es este número de médicos, consultorios y camas el adecuado para atender a las 50 millones de personas que carecen de seguridad social? Difícilmente.

A partir de este desalentador contexto, Fundar, Centro de Análisis e Investigación insta al Congreso de la Unión en general y a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública en particular, a vigilar de cerca el desempeño del Seguro Popular. En especial, la ejecución de recursos del FPP y los Fondos destinados a cubrir al personal de salud. Así como que los cada vez más escasos recursos con los que cuenta este esquema sean utilizados eficientemente, pues las carencias son muchas, la población objetivo extensa y el dinero escaso. De igual forma, las y los Diputados podrían solicitar información sobre la dimensión del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud de los estados, para monitorear cuáles entidades federativas necesitan mayor inyección de recursos.

Finalmente, las y los Diputados tienen el deber de identificar y llamar a cuentas a las y los responsables de los subejercicios del Fondo de Previsión Presupuestaria y de la Secretaría de Salud. El último reporte de la Auditoría Superior de la Federación señaló esta situación en particular y recomendó una Promoción de Responsabilidad Administrativa. Por lo que, las y los Legisladores tienen en sus manos la capacidad de sancionar a quien sea necesario y avanzar en la justiciabilidad del derecho a la salud.

[1] Investigadora del área de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. / mariana@fundar.org.mx

[2] Cifras en términos nominales.

[3] Que también pertenece al Fideicomiso de Protección Social en Salud.

[4] Las cuales incluyen clínicas y hospitales de alta especialidad.