LA PROPUESTA DE DESAPARICIÓN DE LA SFP: ¿DEFICIENCIAS TÉCNICAS O PLAN PARA UN GOBIERNO SIN CONTROL?

• La propuesta del Ejecutivo presenta un déficit de técnica legislativa y presupuestaria, no ofrece una alternativa mejor a las deficiencias de la SFP, contraviene las mejores prácticas internacionales y aumenta la discrecionalidad en el gasto público en tiempos de crisis.
• Si los legisladores aprueban la desaparición de la SFP renunciarán a capacidades de control y fiscalización, fortalecerán el híper-presidencialismo y la concentración de poderes en la SHCP.
• En sus términos, la desaparición de la SFP tendrá un impacto limitado en cuestión de ahorro pero un profundo impacto negativo para la rendición de cuentas.

En lugar de realizar propuestas para mejorar el funcionamiento y los resultados de la Secretaría de la Función Pública, el Ejecutivo Federal simplemente propone desaparecer esta secretaría en búsqueda de un supuesto ahorro, sin dar cuenta de los impactos negativos que tendría esta decisión. Un estudio realizado por investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, subraya que además de un mensaje de ahorro falso, el contenido de esta propuesta es tan deficiente que su desaparición acarreará problemas agudos en la rendición de cuentas y tendrá serias consecuencias en la aplicación de diversas leyes.

El mensaje de ahorro escamotea reflexiones sobre la pertinencia de instituciones que fiscalicen y controlen la función pública con ciertas condiciones de autonomía e independencia. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, las competencias de la SFP se repartirán entre la SHCP y la Contraloría General de la República, entidad creada por la ocasión y cuyos estatutos y competencias no han sido fijados claramente. Este escenario consolida el hiper-presidencialismo mexicano y debilita aun más el poder de contrapeso del Legislativo. Es deseable la distribución de tareas de control y fiscalización entre poderes e instituciones y la propuesta del Ejecutivo es ciega a esta evidencia ¿Por qué no se ha incluido a la Auditoria Superior de la Federación y al Legislativo en la distribución de competencias antes otorgadas a la SFP?

Esta iniciativa tiene consecuencias negativas para el recién implementado modelo de Presupuesto por resultados. Lo propuesto por el Ejecutivo conduce a un monopolio técnico de la SHCP en todos los procesos de planeación, ejecución y evaluación del presupuesto. Al retirar a la SFP del proceso, se elimina a un actor que contribuía a equilibrar la relación asimétrica que siempre han tenido la SHCP y el Poder Legislativo. La mayor concentración de funciones e información en la SCHP merma el control sobre el Ejecutivo.

Sumado a ello, derivado del análisis del contenido de la propuesta del Ejecutivo, la desaparición de la SFP no tendrá un impacto positivo como política de ahorro, y no explica los posibles impactos negativos. Toda decisión de política pública tiene consecuencias, y en su propuesta el Ejecutivo Federal no da cuenta de ellas. Ni se explican, ni atienden implicaciones como el pago de liquidaciones, la reubicación de empleados, la re-organización de estructuras y jerarquías de trabajo, distribución del espacio, la necesidad de reformas normativas de primer, segundo y tercer nivel. En general, los costos (económicos, operativos e institucionales) de esta decisión pueden tener una magnitud negativa muy superior al supuesto ahorro.

No hay necesidad de aprobar esta iniciativa en la urgencia y en el marco de la negociación del paquete económico 2010. Hay alternativas viables a la existencia de la SFP y pueden darse en el marco de una política de austeridad del gasto público, pero ello requiere de propuestas serias y de un debate de fondo. La desaparición de la SFP implica, en efecto, modificaciones de gran envergadura de la estrúctura político-institucional y no existen referencias a ellas en lo enviado por el Ejecutivo.

De aprobarse, la desaparición de la SFP tenderá a incluir todos los canales del sistema de información gubernamental hacia procesos cerrados, opacos, incapaces de verificarse y sometidos a la voluntad de un solo organismo. Esta situación incrementa la discrecionalidad del gasto, reduce los controles sobre el gobierno y aleja aún más a la sociedad civil de los espacios de toma de decisión.

 

 

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Justine Dupuy

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