[Contestación de la CNDH a Fundar sobre recomendaciones a SEDENA]

LA CNDH EMITE OCHO RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

• Las recomendaciones representan un avance en términos de autonomía e independencia de la CNDH, sin embargo su alcance es limitado

 

 

• Las violaciones a los derechos humanos documentadas se inscriben en un contexto de deterioro de los derechos de los y las ciudadanas derivado de las políticas de militarización de la seguridad y combate al crimen organizado

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ocho recomendaciones [1] dirigidas al Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván.

En el contenido de las mismas, la CNDH concluye la existencia de elementos que fundan serias violaciones a los derechos humanos a la vida; a la integridad y seguridad personal; a la intimidad y la tranquilidad del hogar; a la propiedad (inviolabilidad del domicilio); a la legalidad y a la seguridad jurídica; y señala la responsabilidad de algunos elementos del ejército en la comisión de las mismas en contra de población civil.

El texto de las recomendaciones documenta actos de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, uso excesivo de la fuerza pública, uso inadecuado de las armas de fuego, extorsión y retenciones ilegales, ejercicio indebido de la función pública, entre otros; cometidas por agentes del Estado en por lo menos cuatro estados de la República: Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Si a éstas sumamos las recomendaciones emitidas por la CNDH en 2007, podríamos entonces añadir los estados de Coahuila, Oaxaca y Veracruz.

Estas violaciones se inscriben en un patrón de deterioro de la vigencia de los derechos humanos documentado por Fundar, que es a su vez, en buena medida, producto de la implementación de políticas de Estado dedicadas a combatir el narcotráfico y erradicar al crimen organizado involucrando a las Fuerzas Armadas de México.

En este tenor, Fundar reconoce el avance que representan las recomendaciones emitidas por la CNDH, en términos de autonomía e independencia de la institución, aunque reiteramos que aún prevalecen en ellas deficiencias importantes que valdría la pena considerar:

•  Las recomendaciones avalan tácitamente el fuero militar, a pesar que los delitos fueron cometidos por elementos del Ejército Mexicano en contra de civiles. La CNDH no dirige ningún punto recomendatorio a las autoridades de procuración de justicia militar para que se declaren incompetentes en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo en mención establece que “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”

 

•  Ninguna de las recomendaciones busca inhibir las prácticas de detención arbitraria. Dada la indefinición de la facultad constitucional de ‘detención en flagrancia', es necesario que la CNDH insista en el establecimiento de criterios para este supuesto, de tal forma que se prevenga la criminalización de fenómenos sociales como la migración y la protesta, así como el abuso por parte de quien detenta esta facultad

 

•  Es necesario que las recomendaciones profundicen en las condiciones estructurales que permiten que ocurran violaciones tan graves a los derechos humanos. En los instrumentos analizados es constante la presencia del punto recomendatorio relativo a la capacitación a los miembros del ejército, sin embargo, sin ajustes a los operativos, aquella sería una medida insuficiente para garantizar la no repetición de las violaciones, por lo menos en el corto plazo

 

•  No debe quedar duda de que, a pesar de toda consideración, la tortura es objetivamente y por sí misma, un hecho reprobable y punible. El lenguaje que se lee en las recomendaciones no es suficientemente categórico

 

•  Las recomendaciones no advierten de manera suficiente la responsabilidad del área y servidor o servidora pública que ha violado los derechos humanos no sólo por acción sino también por omisión. La responsabilidad debe ser señalada en toda la cadena de mando hasta llegar al nivel más alto. Lo anterior debe ser tomado en cuenta, entre otros criterios, en función de la responsabilidad del superior por las violaciones que cometan los elementos bajo su mando y control efectivo en los casos en que pudiera o debiera tener conocimiento de las violaciones o no las hubiere prevenido

 

•  Se omite enlistar exhaustivamente los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas. Es positivo que la CNDH utilice algunos criterios de la jurisprudencia internacional para determinar la reparación del daño, sin embargo, consideramos que ésta será más eficaz en la medida en que se desglose cada daño y se le atribuya una reparación específica, considerando en último lugar la indemnización

 

•  Es apremiante que el organismo defensor de los derechos humanos exija garantías de no repetición de las violaciones al Ejército Mexicano y a las instituciones de procuración de justicia involucradas

 

•  Estas violaciones comprobadas a los derechos humanos se inscriben en un contexto de deterioro de los derechos de los y las ciudadanas derivado de las políticas de militarización de la seguridad y combate al crimen organizado

Las recomendaciones emitidas por la CNDH se limitan a casos específicos y aislados, omitiendo analizar los patrones en las conductas de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Hace un par de semanas, Fundar hizo pública una reflexión sobre las consecuencias de la implementación de la Iniciativa Mérida (IM) en una situación de retroceso a los derechos humanos en México. Ahí señalamos que la entrada en vigor de esta Iniciativa se daba en un contexto de incertidumbre nocivo para el pleno respeto de los derechos humanos causado por la militarización asociada con la estrategia federal del presidente Felipe Calderón de combate al crimen organizado.

Como datos ofrecimos, entre otros, el número de quejas presentadas ante este organismo por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de militares y policías. Tan sólo en los primeros meses de 2008 se duplicó el número de quejas con respecto al año anterior. Se duplicó también el promedio anual de recomendaciones emitidas por la CNDH a las autoridades de SEDENA y Marina durante la actual administración, pasando de 14 (promedio 2.3 por año) en el sexenio de Fox a 17 recomendaciones en lo que va del presente sexenio, (8.5 es el promedio anual).

Si los casos abordados por las recomendaciones no se leen en el contexto descrito, difícilmente llegaremos a conclusiones más profundas sobre lo que está pasando en el país en materia de derechos humanos como consecuencia de la militarización y las estrategias de combate al crimen organizado. Además de la atención a los casos particulares, la CNDH debe hacer un informe más profundo y recomendar al presidente de la República y a las dependencias relacionadas con esta estrategia de combate a la delincuencia que ajusten sus políticas en aras a la vigencia de los derechos humanos.

[1] Recomendaciones 29/2008; 30/2008; 31/2008; 32/2008; 33/2008; 34/2008; 35/2008, y 36/2008.

Cfr. http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp

Para mayor información favor de contactar a:

 

 

Juan Carlos Martínez

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Miguel Moguel

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