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• Colombia y Venezuela, los países peor evaluados. Sólo Costa Rica tiene calificación aprobatoria

• México registra un retroceso de cuatro puntos porcentuales en la calificación global -- cae de 54 a 50 por ciento

• El área más crítica, en México y en Latinoamérica, es la participación ciudadana

 

 

 

 

	Estudio regional		Estudio sobre México
	Resumen ejecutivo		Resumen ejecutivo
	Documento		Documento

El 21 de noviembre se presentó simultáneamente en 10 países el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007. En esta ocasión México disminuye su calificación respecto de 2005, y se ubica en 50 puntos. Se ubica así a la zaga de los países con mejores prácticas, en cuarto lugar entre los nueve países evaluados, detrás de Guatemala, Perú y Costa Rica.

 

(de izquierda a derecha) Benjamin Hill, Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Jorge Romero, Director de Fundar Gloria Labastida, Probabilística Mariana Pérez, Coordinadora del ILTP 2007 y Dip. Susana Monreal, Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En México, a pesar de que el marco legal es prácticamente el mismo o ha mejorado, la confianza declina. Los aspectos críticos son la ausencia de mecanismos para promover la participación ciudadana, la falta de contrapeso del poder Legislativo en las decisiones de modificación del presupuesto durante el ejercicio –especialmente a la luz del elevado monto de ingresos excedentes, que han permitido al Ejecutivo federal contar con cientos de miles de millones adicionales– y una creciente falta de confianza en el órgano de control interno (la Secretaría de la Función Pública), que se puede explicar en parte por la falta de acciones concretas de combate a la corrupción y en parte por el liimitado marco legal con el que opera, y el hecho de que sus facultades legales de sanción directa son limitadas.

-Mariana Pérez, Coordinadora del ILTP 2007

-Benjamin Hill, Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción

-Jorge Romero, Director de Fundar

 

Los tres países en los que se realiza el ejercicio por primera vez están mal o muy mal evaluados: Venezuela con 33 puntos, Ecuador 40 y Bolivia 42. Destaca especialmente Venezuela, por estar tan lejos del resto de los países, y de la media. Colombia con 38 puntos, es el segundo país peor evaluado, tras registrar una caída de 20 puntos.

 

Costa Rica, en contraste, obtuvo 67 puntos en la calificación general, obteniendo así la única calificación aprobatoria. Guatemala, a pesar de haber subido también 7 puntos, sólo llega a los 50. Nicaragua y Perú se mantienen estables.

 

“La ciudadanía no confía en sus procesos presupuestarios, y a cuatro ediciones del estudio las brechas entre países persisten” comentó Jorge Romero León, Director Ejecutivo de Fundar, organización civil que ha coordinado el estudio desde su primera edición en 2001. Señaló que “hay países en los que no hay indicios de cambio, o bien persiste la desconfianza. Ello sugiere la falta de voluntad política por parte de los gobiernos con las calificaciones más bajas para llevar a cabo acciones estructurales e institucionales concretas encaminadas a abrir los procesos presupuestarios.”

 

Según el estudio los principales retos de estos países son: abrir más espacios para la participación ciudadana en el establecimiento de prioridades y en el reflejo de éstas en los presupuestos; mejorar las condiciones de control presupuestario, ya que en general las contralorías internas son percibidas como organismos poco confiables en la mayor parte de los países (contrasta la persistente mejor evaluación de los órganos de control externo); ampliar el detalle y mejorar la calidad de la información presupuestaria, y garantizar que ésta se presente de manera oportuna.

 

Las áreas más transparentes a nivel regional son la presentación de supuestos macroeconómicos en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo; las atribuciones del Poder Legislativo en la aprobación del presupuesto; y la capacidad de incidencia del legislativo en los cambios realizados durante el ejercicio de recursos. A pesar de ello, es de destacar que las calificaciones en la mayor parte de los países son consistentemente reprobatorias.

 

En México, en especial, destaca la confianza en la Auditoría Superior de la Federación, que registró un avance positivo de 17 puntos porcentuales con relación al año 2005. En contraste, la confianza en la Secretaría de la Función Pública registró un decremento de 10 puntos porcentuales.

 

La evaluación de las leyes de acceso a la información, en función de su aportación a las condiciones de transparencia presupuestaria, va de 14 a 43 por ciento. Esto quiere decir que las leyes de acceso a la información no bastan para mejorar la valoración de las condiciones de transparencia presupuestaria, ya sea porque no garantizan acceso oportuno, o bien porque no establecen por sí solas, donde existen, mejores condiciones de sanción ni incentivos para promover la participación o mejorar los procesos de control. En México la evaluación de la ley de acceso es de 37 por ciento.

 

El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria tiene como objetivos el análisis y evaluación del grado de transparencia en los procesos presupuestarios en organizaciones en países de América Latina, bajo la premisa de que esto permitirá el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la consolidación del Estado de derecho y la articulación de canales efectivos de comunicación y retroalimentación entre la sociedad y sus gobernantes.

 

En 2007 participaron 15 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

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