CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SFP A INSTRUIR UNA AUDITORÍA SOBRE LOS RECURSOS QUE HA RECIBIDO EL GOBIERNO DE TABASCO POR PEMEX DESDE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lützow, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones Desde los años setenta se han creado en Tabasco una serie de instituciones gubernamentales para encargarse del manejo de recursos que PEMEX ha autorizado para contener el descontento social provocado por los efectos negativos de la actividad petrolera en Tabasco. Pemex canaliza recursos destinados al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las cercanías de las instalaciones petroleras, previa autorización de su Consejo de Administración. Estos recursos se entregan principalmente a gobiernos estatales y municipales y en menor medida a Asociaciones Civiles. En el caso de Tabasco, la instancia estatal que administra los recursos entregados al gobierno estatal es la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (Cimades), la cual fue constituida el 28 de abril de 1995. Cimades es un órgano público descentralizado del gobierno estatal cuyo propósito fundamental es conciliar las actividades de Pemex con el desarrollo social de Tabasco; realizar funciones de arbitraje en conflictos ambientales y reclamaciones hacia Pemex (como una segunda instancia), propicia la participación social y de los tres niveles de gobierno en la asignación de los recursos otorgados por Pemex. Es decir, la Cimades es la instancia que se encarga de la aplicación de los recursos que Pemex otorga al gobierno del estado de Tabasco y que, según su estructura orgánica, debe contribuir a construir condiciones adecuadas para que la paraestatal pueda realizar sus actividades en la entidad sin enfrentarse a los reclamos sociales. Pero al mismo tiempo debe fungir como una segunda instancia para decidir sobre las reclamaciones de comunidades afectadas por las actividades petroleras. Al tener que conciliar dos funciones surgen confusiones y conflictos que han socavado no sólo la eficiencia de la institución sino también su credibilidad. Igualmente, resulta preocupante el hecho de que el Consejo Directivo, que es el máximo órgano de decisión en la Cimades , esté presidido por el Gobernador en turno y que el resto de los miembros sean los titulares de varias secretarias que forman parte del Poder Ejecutivo estatal. Esta estructura proporciona al gobernador mucho margen de maniobra para la decisión del manejo, aplicación y evaluación de los recursos, convirtiendo al Gobierno del Estado en juez y parte del reparto de los beneficios petroleros en Tabasco. La falta de mecanismos adecuados de rendición de cuentas y contraloría social facilita, adicionalmente, el uso indebido de estos recursos porque dificulta fincar responsabilidades y fijar sanciones. Se tienen datos de que Tabasco es la entidad que entre 1995 y 2006 recibió más de 2 mil 300 millones de pesos de apoyo social de Pemex (seguido por Campeche), así como el hecho de que es un Estado que no contó con una Ley Estatal de Transparencia y acceso a la información hasta el 28 de diciembre de 2006 hace del monitoreo de los recursos asignados a Tabasco por Pemex que sea un caso para revisar a fondo. En ese sentido, a más de 10 años de haberse creado la Cimades es evidente la falta de información sobre los criterios de asignación y el destino de los recursos en el Estado de Tabasco. Cobijados por la falta de canales institucionales adecuados que permitan una verdadera rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos que esta institución estatal maneja, Cimades recrea el largo camino de instituciones que reciben recursos por parte de Pemex y lo destinan de manera discrecional sin dar explicaciones a la sociedad. Hay que señalar que estos recursos han sido manejados por el gobierno estatal sin rendir cuentas sobre su uso a los tabasqueños. Esta situación junto con la insuficiente fiscalización de los recursos aportados por Pemex, por parte de la federación, hace reconocer usos discrecionales de los mismos. Cimades ha funcionado como detonadora de la descomposición social en Tabasco, ya que al administrar de manera facciosa grandes cantidades de efectivo y donativos en especie otorgados por la paraestatal ha permitido contener el descontento social, dando solo humillantes migajas a los directamente afectados. En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Se exhorta al director de Pemex tenga a bien informar a esta soberanía el importe de los recursos que ha entregado a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social. Segundo. Se exhorta al Congreso de Tabasco a revisar el decreto que da origen a la creación del Cimades, en la que participen Petróleos Mexicanos, académicos y representantes de la sociedad civil tabasqueña para tener como resultado un modelo alternativo de administración de los recursos que otorga Pemex, que asegure más transparencia en el ejercicio de dichos recursos. Tercero. Se exhorta al secretario de la Función Pública , para que conforme a sus facultades instruya lo conducente a objeto de que se realice una auditoria minuciosa de los recursos que ha recibido el Gobierno del Estado de Tabasco, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, y en caso de encontrar malversación de fondos se finquen responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables. Diputado Moisés Dagdug Lützow (rúbrica)
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