Los indicadores presupuestales en salud sexual y reproductiva de las mujeres: un distanciamiento de la realidad

Si bien en México las propuestas para elaborar un presupuesto público con perspectiva o enfoque de género son históricas, a la fecha, a lo más que se ha llegado es al presupuesto etiquetado para mujeres. Durante 2007 se avanzó en consolidar dicho presupuesto etiquetado, lo cual, desde el punto de vista de diversas organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la equidad de género, es evaluado positivamente debido a que bajo el contexto de políticas regresivas en torno a tales derechos y a la transparencia, es un avance el lograr un piso mínimo para ambos temas.

 

Es importante mencionar que varias organizaciones lograron la creación de un nuevo anexo en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación : 9-A Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género. Dicho anexo constituye una herramienta sustantiva para darle seguimiento al mismo. Es importante señalar que dicho anexo es sólo un mecanismo de etiquetación del gasto dirigido a las mujeres y, por tanto, tiene una serie de limitaciones. Una de éstas y de suma importancia es que quedan fuera la inmensa mayoría de los recursos que son dirigidos o que impactan a las mujeres de la llamada población abierta en el ámbito de la salud. Esto se debe a que con la puesta en marcha del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se incorporaron prácticamente todos los recursos asignados a la salud materna al Seguro Popular (brazo operativo del SPSS) y se reunieron con un esquema de gasto descentralizado y presentado de manera agregada en el documento del PEF. Esto significa que los recursos son absolutamente invisibles y, por tanto, imposibles de monitorear.

 

Lo único medianamente visible es lo que se asigna a salud materna por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, pero tal gasto está constreñido a acciones de rectoría para lograr que en el nivel estatal se lleven a cabo las políticas y programas enfocados a la salud materna y a disminuir la mortalidad materna. Pero la distribución presupuestal, la operación de la atención en salud y la definición de donde priorizar, ya sea en establecimientos de salud o en el espacio territorial, es facultad exclusiva de la entidad federativa y no se puede determinar los recursos porque a nivel estatal es muy complicado obtener información relacionada con la distribución de los recursos.

 

Ante el nuevo esquema presupuestal de asociar la asignación de recursos al cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores, el problema mencionado cobra suma relevancia. Para el caso de mortalidad materna, en el presupuesto del año 2008 se utiliza como indicador el porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente y su meta a cumplir es que el 89.8 por ciento de los partos en población no derechohabiente sean atendidos por personal calificado. En el Primer Informe Trimestral del PEF se reporta su estado de avance y hay algunas consideraciones que vale la pena resaltar.

 

La primera consideración es que el gasto para atender el problema de los fallecimientos de mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, no se ubicó como gasto etiquetado para las mujeres, y por tanto se informa en el Anexo XV.- Avance de Indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Esto responde a lo ya mencionado, es decir a que realmente el presupuesto para la salud materna y en consecuencia la mortalidad materna es distribuido por el Seguro Popular y las entidades federativas son quienes deciden sobre su utilización.

 

La segunda, pese a los problemas que tiene el indicador es importante visibilizar el problema de la muerte materna en documentos que dan cuenta de la política pública, como son los relativos al presupuesto público. Ello permite, si no darle un seguimiento a cabalidad a la totalidad de la asignación presupuestaria, sí abrir espacios para argumentar sobre la total transparencia al respecto y mantener el tema en la agenda pública en salud con su carácter de prioritario.

 

La tercera, sobre el indicador utilizado, que como se mencionó es el porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente. L a administración federal utiliza un indicador correspondiente a lo dispuesto en el Objetivo 5 de la Meta del Milenio (el segundo indicador establecido en el quinto Objetivo del Milenio ‘ODM 5' es la tasa de mortalidad materna). Es de observar que el indicador presenta problemas. El primero es que ya se ha empleado en los mismos reportes país de los ODM y, siempre desde el nivel nacional se establecen avances en su cumplimiento. Las organizaciones sociales y académicas abocadas al tema han criticado a este indicador, pues es sabido que los promedios nacionales en el ámbito de la salud materna ocultan las disparidades estatales y, más aún, las locales (regionales, municipales y/o entre localidades).

 

México es un país que presenta profundas desigualdades sociales y económicas y, en consecuencia, existen serios problemas relacionados con la salud de amplios sectores de la población. Evidentemente uno de estos problemas es la mortalidad materna, pues las condiciones de los servicios de salud públicos son profundamente disímiles e inequitativos.

 

De esta manera, el indicador que usa la actual administración únicamente evalúa la meta pero no da cuenta del proceso, y por tanto es inservible para informar de los avances en la atención en salud de manera precisa, ni de todos los factores y variables que inciden sobre la misma. Por lo menos, no sirve para medir los factores y variables directamente relacionados con el gasto público. Por ejemplo, no existe un indicador de tipo de atención universal como es la gratuidad en la atención del embarazo, parto y puerperio. Pero tampoco para medir los avances en la atención focalizada como se establece en el Plan Nacional de Salud en el capítulo III de Objetivos y Estrategias, Objetivo 2: “Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas”;

Meta 2.1: “Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano”.

 

Ni aun este esquema de distribución de los recursos financieros y su indicador aseguran, ni son coherentes con el cumplimiento de lo determinado en el Plan Nacional de Desarrollo para la Estrategia 6.1: Promover la salud reproductiva y la salud materna y perinatal...

“Los sistemas de salud proveerán una atención adecuada para evitar que los embarazos deriven en complicaciones, enfermedades, discapacidades permanentes o en la muerte de la madre o del niño.” La estrategia 6.1 habla de proceso y como se señaló anteriormente esto no es tomado en cuenta.

 

Se corre el riesgo de que en base a un indicador que contiene deficiencias importantes se evalúe la política pública aplicada como exitosa y consecuentemente se reasignen gastos sin reparar en los errores en la forma de medir y vincular el ejercicio de estrategias y programas con el gasto público.

Es urgente, si realmente se pretende desarrollar un presupuesto con perspectiva de género, que se retomen las propuestas de indicadores hechas desde las organizaciones sociales, la academia y la propia Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva.

 

Para mayor información sobre este tema, favor de ponerse en contacto con Daniela Díaz en genero@fundar.org.mx