ESTADOS PETROLEROS RECIBEN RECURSOS
DE PEMEX SIN FISCALIZAR

Un estudio realizado por Fundar y la Asociación Ecológica Santo Tomás de Tabasco reveló que, entre 1995 y 2006, PEMEX entregó a los estados con actividad petrolera un total de 9 mil 527 millones de pesos como donativos, así como 136 inmuebles.

Dichos recursos se asignan de manera discrecional por la paraestatal hacia estados y municipios como parte de su Programa de Desarrollo Social, sin exigir que las entidades informen sobre el uso que dan a dichos fondos.

Es el caso de Tabasco, que en 11 años obtuvo 2 mil 125 millones 183 mil 330 pesos por donaciones de PEMEX, sin que se conozca el destino de estas aportaciones. Lo anterior, pese a que dos informes del órgano de control interno de PEMEX en 2000 y 2002 señalaron, entre otras irregularidades, el pago de salarios con recursos etiquetados para desarrollo social, así como la falta de fiscalización de la CIMADES (Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente y Desarrollo Social), que es la institución que en Tabasco recibe y maneja estos recursos.

La investigación señala que PEMEX no tiene atribuciones legales para exigir a los estados que le informen exhaustivamente sobre el uso que dan a sus donaciones, pero la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria tampoco obliga a los estados a comprobar ante la paraestatal en qué emplearon el dinero.

De esta forma, sólo basta con que PEMEX informe a la Secretaría de Hacienda sobre el destinatario, el monto y el fin del donativo que otorga. Al respecto, Kristina Pirker de Fundar indica que “la misma ley de presupuestos anterior dificultaba la fiscalización de los montos ejercidos, pues trataba el donativo como un pago que perdía su carácter de recurso público en el momento que pasaba a manos de terceros, aunque los recibieran y ejercieran los municipios y los gobiernos estatales”.

Entre las reacciones al estudio de Fundar, el gobernador tabasqueño, Andrés Granier, se deslindó de la CIMADES y anunció que permitirá a la Secretaría de la Función Pública investigar posibles irregularidades. A su vez, la coordinadora de la Comisión, Silvia Whizar, señaló que el manejo de los recursos cumple con la normatividad federal y estatal y consideró que la investigación sólo trata de confundir a la opinión pública.

Finalmente, PEMEX aseguró que estos donativos se dan respetando criterios de asignación que consideran los programas estatales de desarrollo, pero su reasignación al rubro social es responsabilidad de los gobiernos estatales.

Aquí puedes sobre la controversia surgida por la presentación del estudio.

 

 

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