LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA DONACIONES Y DONATIVOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS ¿BUENAS NOTICIAS PARA LA TRANSPARENCIA?

Es de amplio conocimiento que las actividades en torno a la extracción y procesamiento de los hidrocarburos impactan de manera negativa en el medio ambiente y generan desajustes sociales y económicos. Por esto, el Estado necesita instrumentar una serie de políticas para regular y vigilar la industria petrolera, amortiguar los daños y, en otro plano, para impulsar estrategias de desarrollo que benefician a las comunidades más perjudicadas.

 

Para responder a esta demanda, y para poder operar con tranquilidad, Petróleos Mexicanos dispone de recursos en su presupuesto para financiar programas de desarrollo social y económico en las zonas petroleras. El mecanismo empleado para tales fines son donaciones (asfalto, combustible y bienes inmuebles en desuso) y donativos (recursos en efectivo). Así, entre 1995 y 2006 se distribuyó un total de 9,527.9 millones de pesos entre donaciones y donativos, y 136 inmuebles entre los principales estados con actividad petrolera. Tabasco y Campeche han sido los más beneficiados al recibir 2,125.1 millones de pesos y 2,001.8 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, la opacidad en cuanto al uso de los recursos -entregados principalmente a gobiernos estatales y municipales y, en menor medida, a Organizaciones de la Sociedad Civil- ha impedido verificar si fueron usados de manera adecuada o evaluar el impacto de estos para garantizar que efectivamente las condiciones de vida de la población hayan incrementado.

 

Un aspecto que facilita la existencia de áreas de opacidad y discrecionalidad ha sido el marco normativo, establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de donativos y donaciones a terceros por parte de Petróleos Mexicanos y sus Órganos Subsidiarios. Este documento es poco transparente en cuanto a los criterios y procedimientos de otorgamiento de las donaciones y donativos, y poco preciso en la definición de las obligaciones de rendición de cuentas de los beneficiarios. Para resolver estos vacíos normativos, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos –único órgano facultado para decidir sobre donaciones y donativos– aprobó recientemente nuevos lineamientos que entran en vigencia a partir de enero de 2008.

 

No cabe duda que los nuevos Lineamientos resuelven algunas dudas sobre los procedimientos para recibir y procesar las solicitudes de potenciales beneficiarios. Para empezar, se establecen con mayor claridad los requisitos mínimos que debe incluir la solicitud presentada ante el Consejo de Administración, entre ellos la descripción de la problemática social que se pretende atender, la viabilidad social y económica del proyecto, los objetivos y los beneficios esperados. Además, se pide que los solicitantes propongan información –indicadores– para medir y evaluar el impacto del proyecto. Por otra parte, para determinar de manera más transparente qué municipios o comunidades son prioritarios para otorgar donaciones, los Lineamientos incluyen indicadores económicos, poblacionales, ambientales y sociales.

 

También se establecen de manera más clara las obligaciones de los beneficiarios en relación con la rendición de cuentas sobre los recursos recibidos –se debe comprobar la aplicación de los recursos antes de solicitar nuevos recursos– y con respecto a los compromisos que se adquiere frente a la paraestatal. Destaca en particular la obligación que contraen ahora los gobiernos municipales y estatales beneficiarios de realizar acciones para proteger los derechos de vía y la seguridad física de las instalaciones petroleras, así como de combatir el mercado ilícito de combustibles.

 

Con estos “compromisos de corresponsabilidad” Petróleos Mexicanos busca involucrar a los gobiernos locales en las tareas de protección física de su infraestructura, lo cual es una respuesta a los ataques guerrilleros a instalaciones petroleras en los últimos meses, así como a las tomas clandestinas de petróleo. Sin embargo, puede significar también que en algún momento la empresa tendrá la facultad de exigir la disolución de actos de protesta de comunidades perjudicadas por la actividad petrolera porque obstaculizan la operación. De esta manera se estaría coartando la libertad de expresión.

 

Los nuevos Lineamientos establecen pautas para el control de los recursos otorgados en donación, para asegurar la aplicación adecuada de los mismos y poder sancionar usos indebidos. Sin embargo, la transparencia –tan anunciada por la paraestatal– se limita a determinar los procedimientos que permiten una mayor certeza sobre la aplicación de los recursos, pero no para aclarar oportunamente la toma de decisiones sobre el otorgamiento de dichos recursos. Por ejemplo, si bien los Lineamientos dan cuenta de los criterios para definir las zonas prioritarias para la recepción de donaciones y donativos, no se ha publicado la ponderación de estos criterios. Pero solamente con la ponderación podríamos saber qué importancia asigna PEMEX realmente, en sus políticas de apoyo al desarrollo social y económico local, a los diversos factores que dan cuenta de las condiciones socioeconómicas y del grado de desarrollo de una zona o población.

 

Finalmente, el gran tema ausente de los nuevos Lineamientos es la participación ciudadana. No se establecen mecanismos formales y obligatorios para involucrar a las comunidades asentadas en las cercanías de las instalaciones en la toma de decisiones sobre los proyectos apoyados por PEMEX con recursos en efectivo o especie, ni procedimientos de contraloría social para incorporarlas en la supervisión de las obras públicas financiadas. De acuerdo con los nuevos Lineamientos, los interlocutores principales para la paraestatal -como solicitantes, beneficiarios y responsables del ejercicio de los recursos- siguen siendo los gobiernos municipales y estatales. Si bien esto puede agilizar la interacción entre niveles y agencias de gobierno, no establece vías para tomar en cuenta las opiniones y priorizaciones de la sociedad, y refuerza la posición dominante de los gobiernos locales como actores principales para gestionar recursos adicionales ante el Consejo de Administración. Una estructura tan poco participativa y transparente no ofrece incentivos para que la población se involucre de manera constante y sistemática en la supervisión de estos recursos.

 

En síntesis, si bien los nuevos Lineamientos son un paso en la dirección correcta para prevenir la malversación y el uso indebido de recursos públicos, no son suficientes para asegurar que la población local tenga certeza y pueda incidir en el uso de estos recursos.

 

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Para mayor información acerca de este tema, favor de dirigirse a kristina@fundar.org.mx

 

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