Lo que está detrás de desaparecer y descentralizar Sedesol

Recientemente, el PRI incorporó en su agenda política la propuesta de desaparecer Sedesol y lograr el control de los recursos de los programas sociales a través de los gobiernos estatales. Estas propuestas se han presentado en foros como la Conago y la Comisión Nacional de Desarrollo Social así como en diversas declaraciones a medios impresos. La dinámica bajo la cual se ha discutido esto ha sido marcada por la presión política, sin diagnósticos y análisis previos, y sin la participación ciudadana ni del Congreso, todo esto imprescindible en una gestión pública responsable y democrática. Este artículo comienza haciendo un recuento de los hechos, se analiza lo que esto significa y se mencionan algunas consideraciones.

 

 

 

 

¿Qué ha pasado?

 

Son públicos y diversos los llamados del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, para desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social. Desde diciembre del año pasado, ha anunciado que la agenda legislativa del PRI incluye la revisión del modelo de desarrollo social bajo el argumento de que éste es “altamente asistencialista y electorero”. Para ello propone que Sedesol debe ser autónoma “parecido al INEGI o al Banco de México”.

 

Por su parte, el PAN rechazó completamente la desaparición de Sedesol en voz del senador Humberto Andrade al señalarla como “aberrante y absurda”, ya que pulverizaría las estrategias de superación de la pobreza y de los programas sociales. A su vez, el secretario Ernesto Cordero señaló “que sí es importante que el Gobierno Federal tenga esta herramienta” que es la secretaría.

 

La propuesta de desaparición fue apoyada de manera entusiasta por legisladores perredistas, como el senador Graco Ramírez (anteriormente el senador Ramírez había solicitado la desaparición de las delegaciones estatales de Sedesol por considerarlas “inoperantes y costosas” y al servicio del PAN), y priístas, como el secretario de la Comisión de Desarrollo Social en el Senado, Rogelio Rueda.

 

Finalmente, los gobernadores priístas hicieron suya esta propuesta en el marco de la reunión de la Conago celebrada en Campeche en marzo pasado. Ahí los gobernadores pidieron mayor descentralización de los recursos federales. En este sentido, el 3 de abril el gobierno federal acordó con la Conago “la administración directa, por parte de los gobiernos estatales, de los recursos para el campo” en la que se estima que “tocará a las entidades distribuir cerca de 60 mil millones” [1].

 

Dos semanas después, el 25 de marzo, los secretarios de desarrollo social de los estados gobernados por el PRI exigieron que los programas sociales sean operados por las secretarías locales, mientras que la federación se haga cargo solamente de la evaluación y fiscalización del gasto social. Como medida de presión, los secretarios de desarrollo social rechazaron firmar los convenios de colaboración para la ejecución de los programas sociales, convenios cuya fecha límite para ser firmados fue el 31 de marzo (acorde con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

 

El 15 de abril se logró un acuerdo entre estados y federación. En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social [2], el secretario de desarrollo social del estado de México anunció que “se logró un acuerdo en los términos que nosotros [los priístas] propusimos que es un verdadero acuerdo entre la federación y los estados para lograr un equilibrio y que la ejecución de los programas sea de manera coordinada”. [3]

 

Igualmente, acorde con el diario Reforma, en la reunión se señaló que “después de este logro, los estados priístas van por el ejercicio de los recursos extraordinarios, los cuales se negociarán conforme lleguen a las arcas federales. La petición formaba parte de la propuesta inicial de los funcionarios del PRI entregada a Sedesol a finales de marzo, pero no fue resuelta en esta primera parte de la negociación”. [4]

 

¿Todo esto qué significa?

 

En estricto sentido, lo que piden los secretarios locales es razonable: ellos tienen mayor conocimiento de las necesidades sociales de sus estados, necesitan información para coordinar los esfuerzos estatales con los federales (lo cual aumentaría la eficiencia del gasto social) y se tendría mayor coherencia entre las estrategias estatales de desarrollo social y las necesidades locales. Incluso pueden potenciar los recursos destinados al ámbito social con el resto de herramientas de política social que tienen a la mano (específicamente educación y salud).

 

Todas estas bondades vienen con la descentralización. De manera pura, lo que está de fondo teórico en este debate es la disputa entre la eficiencia de gobiernos centralizados versus gobiernos descentralizados. Además, es cierto que la política social deba ser despartidizada.

 

Pero en realidad, lo que el PRI, el PRD y los gobiernos estatales quieren es tener el control político electoral de los programas sociales. La posibilidad de manipularlos y restarle esa capacidad a la federación que, en manos del PAN, ha confirmado que también sabe y utiliza los programas sociales con fines político-electorales. En 2006, por ejemplo, el ejercicio del gasto de los programas sociales como Hábitat creció en 1,293 por ciento en el primer semestre de 2006, año de la elección presidencial, respecto del mismo periodo del año anterior. El programa Tu Casa creció 1,109 por ciento en el mismo lapso. También hubo crecimientos atípicos en prácticamente todos los programas. Y esto fue rentable en 2006, el PAN incrementó sustancialmente su votación en los municipios donde los programas sociales tenían mayor presencia. Los partidos, pues, quieren beneficiarse de ello [5].

 

Por otro lado, el control local de los programas sociales contaría con la ventaja, para quienes desean manipularlos, de que al nivel estatal hay menores controles presupuestarios no sólo desde la ciudadanía sino desde los congresos locales mismos. Al tiempo que tienen mayor capacidad de control en los órganos locales de fiscalización, mayor discrecionalidad y opacidad en la información, así como mayor control/represión de las organizaciones ciudadanas que pudieran vigilarlos.

 

Los recursos de los programas sociales son millonarios, y la propuesta de que el gobierno federal sea el encargado de fiscalizarlos y evaluarlos es una quimera: el gobierno federal no tiene la capacidad para dar seguimiento a tantos recursos que están fuera de su alcance. La prueba está en que la federación aún no ha generado mecanismos eficientes para evaluar el gasto descentralizado en educación y salud, por no decir de los Fondos de Infraestructura Social Municipal.

 

La Sedesol encabezada por Cordero sabe que no puede dejar libres tantos recursos fuera del alcance de su partido, el PAN, así que hará todo lo posible por no descentralizarlos. No obstante, esta petición puede formar parte de las negociaciones políticas priistas para la aprobación de otras reformas legislativas, como la energética. No es gratuito que quien empezó todo esto fue Manlio Fabio Beltrones hace ya varios meses.

 

Es grave que Sedesol discuta la descentralización de recursos en estos términos, específicamente, al darse en un contexto de presión y chantaje por parte de los secretarios priistas y también por darse bajo la sospecha señalada en diversos medios, y aún no desmentida, de que la descentralización de recursos de desarrollo social es una moneda de cambio para la aprobación priista de la reforma energética. Por ahora, la presión del PRI estará en todo su apogeo y sabe que puede ganar aún más.

 

¿Qué consideramos?

 

Es lamentable que se discutan temas de esta trascendencia sin la existencia de un diagnóstico, al menos público, que evalúe la pertinencia de la descentralización de recursos de los programas de desarrollo social. Un análisis público de ventajas y desventajas sería el mínimo aceptable para iniciar la discusión.

 

Es inaceptable que esta discusión y estas negociaciones, que tienen implicaciones profundas para la eficacia en el logro de los objetivos de desarrollo social, se estén dando a puerta cerrada, sin la participación de la sociedad civil ni de especialistas e interesados en temas que pudieran aportar sus puntos de vista y fortalecido el proceso de toma de decisiones adecuada en un tema tan sensible para la sociedad como lo es la superación de la pobreza.

 

Más inaceptable aún es que el desarrollo social y la superación de la pobreza sean presa de chantajes políticos y sean usados como moneda de cambio.

 

Por ahora no se necesita una descentralización, pues no hay condiciones para que ésta sea exitosa y vaya en línea de los intereses de la sociedad: superar la pobreza alejada de la manipulación política. Los recursos públicos son escasos, y la sociedad no puede darse el lujo de desperdiciarlos perpetuando la pobreza para que se beneficien electoralmente los partidos. Aunque debe reconocerse que nada garantiza que esto deje de ocurrir en el ámbito federal.

 

Se ha observado que recursos para el desarrollo social, transferidos hacia los estados y municipios –e incluso los ejercidos por algunos programas federales, han sido manejados con tal opacidad y con tan poca rendición de cuentas, que de cara a las elecciones de 2009, no hay garantía de que se usen alejados de la manipulación y uso político de los programas sociales y que, efectivamente, estén cumpliendo con sus propósitos de desarrollo social y de superación de la pobreza.

 

Para mayor información sobre este tema, favor de dirigirse a alberto@fundar.org.mx

 

 

 

[1] “Los estados manejarán los fondos para el campo”, La Jornada, 4 de abril de 2008.

 

[2] Que incluye a todas los secretarías de desarrollo social del país, así como miembros de las comisiones legislativas del ramo y de las secretarías de Educación Pública, Salud, SAGARPA, Semarnat, y Trabajo)

 

[3] “Cede la Sedesol a exigencia del PRI”, Reforma, 16 de abril de 2008.

 

[4]( Op. Cit. )

 

[5] Véase, Lavielle, Briseida (coord.), 2006, Monitoreo de Programas Sociales en Contextos Electorales, México: FUNDAR, disponible en: http://www.fundar.org.mx/programassociales/programassociales.htm, así como Serdán, Alberto, 2006, Programas Sociales: Análisis de los programas de combate a la pobreza en contextos electorales durante la administración de Vicente Fox, México: FUNDAR, disponible en: http://www.fundar.org.mx/pdfavancesyretrocesos/05.pdf