La visión gubernamental del sector rural mexicano: una aproximación al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

A principios de 2008 tuvimos la oportunidad de ver y escuchar, en radio y televisión, al menos dos tipos de spots relacionados con el campo mexicano. En uno aparecía la golfista mexicana Lorena Ochoa diciendo que el campo del cual se sentía más orgullosa era el mexicano y una voz en off enfatizaba que éste era “un campo ganador”; en el otro, supuestos campesinos chiapanecos hablaban de las bondades que les había traído el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. Sin embargo, aunque los spots parecen tocar temas diferentes, ambos hacían referencia a la asignación presupuestal para 2008: 204 mil millones de pesos, “el mayor monto asignado al campo mexicano en la historia”. Estas anécdotas las tomaremos como pretexto para hacer una breve introducción a lo que desde el año 2003 se conoce como el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) y que es el Programa al que el gobierno federal mexicano, de acuerdo al Proyecto de Egresos de la Federación, destinó los mencionados 204 mil millones de pesos.

 

 

El PEC se creó en junio de 2002 como una supuesta estrategia de desarrollo integral para el sector rural mexicano; sin embargo, en la realidad su creación fue la respuesta del gobierno mexicano a las demandas que numerosas organizaciones campesinas, aglutinadas en torno al movimiento El campo no aguanta más , [1] le planteaban como consecuencia de los efectos negativos que ya se sentían por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. Con la creación del PEC se lograron dos objetivos simultáneos: por un lado, dar respuesta a la presión social del movimiento campesino y, por el otro, el reconocimiento por parte del gobierno que en las cuestiones relacionadas con el sector rural mexicano debían intervenir otras dependencias gubernamentales además del Ramo que tradicionalmente se encargaba de este sector.[2]

 

Frente a este reconocimiento del tema rural como un asunto que no competía solamente al Ramo de Agricultura, en la creación del PEC intervinieron catorce de las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal. Esta es la razón por la que en el PEC se pueden encontrar programas relacionados tanto con la educación, la salud, el combate a la pobreza –como lo es Oportunidades, donde la parte del presupuesto ejercido en zonas rurales está contemplada en el PEC– y programas relacionados con apoyos a la actividad productiva agropecuaria como programas relacionados con el apoyo al ecoturismo y turismo rural, a los braceros y la atención a migrantes.

 

 

De esta manera podemos hacer una primera observación: si bien los 204 mil millones de pesos destinados al sector rural incluyen una amplia gama de acciones gubernamentales que se realizan en el campo, una gran parte de estos recursos no fueron destinados originalmente para impulsar el desarrollo rural ni tampoco son gastados en su totalidad en programas que se lleven a cabo en este ámbito.[3]

 

Ejemplifiquemos lo anterior: de los 204 mil millones de pesos asignados al PEC en el 2008, aproximadamente 35,000 millones de pesos están destinados a apoyos relacionados directamente con actividades agropecuarias –PROCAMPO, los subprogramas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y Alianza para el Campo– que en su conjunto obtienen el 17 por ciento del total; el programa Oportunidades [4] en sus modalidades de educación (15,324 millones de pesos), desarrollo social (12,377 millones de pesos) y salud (3,165 millones de pesos) obtiene otro 15 por ciento del total del presupuesto asignado; y los gastos operativos de la SAGARPA, la SRA y los Tribunales Agrarios obtienen un 4 por ciento del total, lo que equivale a una cantidad aproximada de 10,044 millones de pesos.

 

Podemos darnos cuenta que la heterogeneidad es quizá una de las debilidades estructurales más relevantes del PEC, sobre la cual profundizaremos con más detalle en posteriores entregas. Esta particularidad en la composición del PEC es de tal magnitud que la OCDE, sin dejar de reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano para diseñar una política federal integral para el desarrollo rural en México, también ha reconocido en el PEC su condición de “inventario de programas más que una herramienta para aprovechar las sinergias entre ellos”. [5]

 

 

Finalmente, y para cerrar con este primer acercamiento al estudio del PEC, podemos considerar en principio al menos dos cosas: la primera de ellas, que el sector rural mexicano en realidad no cuenta con una verdadera estrategia de desarrollo sustentable; la segunda, la heterogeneidad de los programas del PEC, por un lado, y la dispersión de los recursos humanos y financieros, por el otro, parecen no estar dando los resultados que el gobierno pretendía alcanzar. De esta manera y tomando en cuenta estas dos primeras observaciones, tal vez sea más fácil darnos cuenta que “el campo ganador” al que se hace referencia en los spots mencionados al inicio de este texto, en realidad aún no existe.

 

Para mayor información sobre este tema, favor de dirigirse a miguel@fundar.org.mx y felipe@fundar.org.mx

 

[1] Este movimiento puede considerarse como una de las mayores movilizaciones sociales en el campo desde el arribo de los gobiernos neoliberales de la década de los ochenta. Entre algunas de las demandas de este movimiento se encontraban la moratoria del apartado agropecuario del TLCAN; una verdadera reforma financiera rural; asignación del 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003. Este movimiento alcanzó una dimensión nacional y logró que el gobierno de Vicente Fox se viera obligado a la convocatoria de un diálogo nacional con las organizaciones campesinas y sectores de la sociedad civil vinculada con la problemática campesina que culminó con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el 28 de abril de 2003.

 

[2] Actualmente el Ramo encargado de este sector es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fusión de las anteriores Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Pesca.

 

[3] Por ejemplo, dentro del monto del PEC se incluye también el gasto operativo de algunas dependencias gubernamentales, tales son los casos de la SAGARPA, de la Secretaría de la Reforma Agraria y de los Tribunales Agrarios.

 

[4] El programa Oportunidades es, en su origen, un programa ajeno al PEC. Sin embargo, al crearse este último, el componente rural de Oportunidades pasó a formar parte de la estructura PEC , lo que ha contribuido a “inflar” el monto que anualmente se le asigna al mismo.

 

[5] “El PEC para el agro mexicano, “inventario” de programas: OCDE”, consultado en http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec =12&id_art=158, marzo de 2008.