ENTREVISTA CON EL ING. WILLIAM DONAIRE DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, BOLIVIA

En el marco del Seminario Internacional "Recursos naturales, desarrollo y democracia en América Latina" que se llevó acabo el 5 y 6 de diciembre en Lima, Perú Fundar entrevistó al Ing. William Donaire -Viceministro de Industrialización y Comercialización en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía del gobierno de Evo Morales- sobre las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el sector petrolero que fue nacionalizado en el 2006.

Bolivia tiene grandes reservas de gas natural. En el 2004 –todavía en medio de la crisis política que vivía Bolivia en ese momento- el gobierno de Carlos Meza realizó un referéndum en el cual una mayoría se expresó a favor de la nacionalización de los hidrocarburos. En consecuencia, el 1° de mayo de 2006, el Presidente Evo Morales emitió el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, lo cual implicó que a partir del 28 de octubre se suscribieran nuevos contratos con las empresas nacionales e internacionales que operan en Bolivia. Antes de la nacionalización, la relación entre Estado y empresas se regulaba por Contratos de Riesgo Compartido en los cuales el titular del contrato -la empresa privada- controlaba toda la cadena de producción, transporte y comercialización del recurso natural y pagaba regalías e impuestos al Estado. Ahora es la empresa estatal YPFB que controla toda la cadena que comercializa el producto en el mercado interno e internacional y que compra, por medio de Contratos de Operación, los servicios de las empresas nacionales e internacionales que siguen participando en las actividades extractivas y de exploración.

 

De acuerdo a William Donaire, la opacidad en el esquema anterior era de tal grado que el gobierno no podía conocer los costos reales de la extracción de hidrocarburos por lo cual el primer paso en la negociación de los nuevos contratos fue la realización de auditorías a las empresas para determinar sus costos y posibles ganancias.

 

El futuro va a demostrar si el nuevo esquema cumple con las expectativas de proveer el Estado boliviano con más recursos para el desarrollo y bienestar de la población. Una condición para esto será la instrumentación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar una mejor administración de los ingresos provenientes de la venta del gas y petróleo en el mercado nacional e internacional. Por lo pronto, desde la perspectiva de una mayor transparencia, es significativo que, por primera vez en la historia boliviana, el Poder Ejecutivo presenta los contratos con las empresas petroleras ante el Poder Legislativo para su aprobación.

 

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