El gasto público en derechos humanos: ¿más dinero, mayor eficacia?

En su reciente informe sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la prestigiada organización internacional Human Rights Watch, muestra con claridad cómo esta institución mantiene bajos estándares de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Aunque la CNDH se ha empeñado en descalificar la veracidad de los resultados presentados por Human Rights Watch, éstos coinciden con los datos obtenidos por Fundar en el desarrollo de sus investigaciones (disponibles en nuestro portal ). Por si fuera poco, el incremento documentado de violaciones sustantivas a los derechos humanos, la militarización del país y las reformas regresivas que en la materia se viene impulsando dan cuenta de un deterioro que la CNDH contempla impávida.

 

Si –como éstos informes y la realidad muestran– la principal institución pública encargada de velar por la defensa y protección de los derechos humanos tiene tan graves deficiencias para lograr sus objetivos, cabe hacer una reflexión sobre el conflicto que genera, por un lado, la necesidad de asignar más recursos públicos al cumplimiento de la demanda social de proteger y promover los derechos humanos (máxime en este momento de regresión), y por otro lado la ineficiencia de una instancia que a pesar de contar constantemente con más recursos está lejos de satisfacer dicha demanda.

 

Entre las justificaciones para el establecimiento de una carga impositiva a la ciudadanía, están aquellas que sostienen que el Estado debe contar con recursos para destinarlos a una mejor distribución de la riqueza a través de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Otra no menos relevante, afirma que la recaudación pública debe servir para financiar actividades fundamentales para el desarrollo armónico de la convivencia social, mismas que no serían satisfechas por la dinámica del libre mercado.

 

Bajo estas premisas, la defensa y promoción de los derechos humanos son actividades que deben ser financiadas por el Estado, y ello justifica que todos contribuyamos a su realización. Asignar nuestras contribuciones a estos fines se justifica en razón de que los derechos humanos sustentan la obligación del Estado de satisfacer una serie de necesidades básicas de la sociedad como son salud, vivienda y educación. Por otro lado, la realización de estos derechos es fundamental para que exista una certeza en la convivencia social, particularmente en lo que se refiere a la relación entre gobernantes y gobernados, y la eficacia de los órganos encargados de hacer accesibles los derechos a la población. De cumplirse estos fines, se justifica que con nuestros recursos se sufraguen los gastos de una institución encargada de proteger y promover los derechos humanos, de no realizarse estos fines el gasto resulta inexcusable.

 

Ahora bien, como vemos existen dos perspectivas posibles para evaluar la asignación de fondos públicos a la realización de los derechos humanos. Si tomamos como perspectiva la importancia fundamental de la defensa y promoción de los derechos humanos como una actividad pública, resulta extremadamente baja la asignación de 0.07% del Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprobó en 2007 para ejercer este año. Sin embargo, a juzgar por el deficiente desempeño de la CNDH, los más de 800 millones de pesos que recibe (cerca de 60% del total del presupuesto asignado al tema de derechos humanos) resultan excesivos en relación a los resultados institucionales que se han venido mostrando.

 

En este tenor, podríamos obtener por lo menos dos conclusiones tentativas, la primera es que concentrar tan alto porcentaje del presupuesto en derechos humanos a una sola institución resta eficacia a su realización. Es decir, los derechos humanos debe ser una concepto transversal de la función pública y a su realización deben estar comprometidas diversas instituciones públicas y diversas partidas presupuestales. La CNDH es sólo un órgano de control que si no se inserta en una cultura más amplia de la función pública tenderá a reproducir, como hasta ahora, los vicios del sistema político mexicano y a solapar sus excesos para legitimarlo. En ese sentido es necesario aumentar sustantivamente el presupuesto de derechos humanos y canalizarlo a diversas instituciones para darle viabilidad a la realización de los contenidos normativos.

 

Una segunda conclusión, es que el gasto destinado a este tema debe ser mejor auditado en términos de racionalidad, y eficiencia y debe haber un órgano público con competencias y atribuciones para auditar el gasto en relación con las actividades y logros sustantivos. Si en el Senado de la República se designan a los funcionarios que operarán la CNDH, y si es el Poder Legislativo el que determina la asignación de los recursos que año con año ejerce esta institución, es fundamental que el Senado cuente con un órgano técnico, que más allá de intereses políticos, tenga la capacidad de evaluar con base en indicadores claros, la eficiencia y los resultados en la gestión de la CNDH.

 

Hace falta más dinero público en materia de derechos humanos, pero quizá hace más falta repensar el modelo de asignación de estos recursos y sobre todo crear controles técnicos para auditar su ejercicio.

 

 

Para mayor información, favor de contactar a:

 

Juan Carlos Martínez

Coordinador de Derechos Humanos y Seguridad Pública Ciudadana

juancarlos@fundar.org.mx